La acusación particular rebajó este jueves notablemente la petición de condena para Manuel Borrego, exdirector del área de Fomento en la Diputación provincial por los gastos personales realizados entre 2007 y 2011 con dinero público del fondo de lagartijas.
Inicialmente solicitaba para él seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por presunta malversación de caudales públicos, por gastar en ese periodo 6.148 euros de los llamados ‘anticipos de caja fijos’ o fondo de lagartijas en atenciones personales en lugar de compromisos en razón de su cargo, para pagar imprevistos.
Este jueves rebajó su petición a un año y diez meses de prisión y cuatro años de inhabilitación al aplicar como atenuante que hubo una dilación de seis años en la instrucción del caso y el procesado ha devuelto todo el dinero.
La acusación sostiene que Borrego se gastó esa cantidad fuera del horario laboral y en actos ajenos a su trabajo. Luego los pasó como gastos en razón de su cargo, con justificaciones a veces poco concretas y sin notificar los viajes que realizaba y que ocasionaban esos gastos, pero que sus superiores aprobaron. El diputado del área lo pasaba directamente a la presidenta de la Diputación que los autorizaba.
Borrego fue designado a dedo para ese cargo por los responsables políticos (PP) que luego tenían que fiscalizar sus gastos.
La acusación señaló que hay 3.200 euros en gastos sospechosos que se realizaron en fin de semana, noches incluidas, entre comidas, cenas y otras consumiciones.
Considera que hizo esos pagos «en beneficio propio» por lo que solo accedió a rebajar su petición de condena porque repuso el dinero y por el retraso en la instrucción del caso.
El fiscal, por su parte, mantuvo la petición de absolución por considerar que pasó mucho tiempo desde que ocurrieron los hechos y se denunciaron (en 2014), directamente con una querella en lugar de resolver el asunto por la vía administrativa en el seno de la Diputación. Además, entiende que hay que cruzar muchos tickets con registros de entrada y salida y compromisos de agenda del procesado, y que «existen mecanismos de fiscalización (de esos gastos) y toda la Diputación Provincial está involucrada, porque se los aprobó todos entre 2007 y 2013», dijo.
Hay que recordar que los fiscalizadores que dieron de paso los gastos son los mismos políticos que le designaron como cargo de confianza.
«El único organismo que debe fiscalizarlos los aprobó consintió a este señor, y no puede ser que eso se transforme en un delito», dijo. Añadió, además, que «la ilegalidad se solventa en caliente y no nos podemos poner a juzgar eso ahora por la vía penal, me parece exagerado», comentó, antes de decir que también le parece «disparatado» que se pida prisión y la pérdida de la condición de funcionario del procesado «por tan poco dinero».
La defensa, por su parte, también pidió la absolución de su patrocinado por entender que todos los gastos se hicieron en razón de su cargo y de su régimen laboral, con libre disposición debido al «ingente trabajo» que tenía, y que la Diputación provincial los fiscalizó y dio de paso porque «estaban perfectamente justificados». Coincidió con el fiscal en que han pasado muchos años desde que ocurrieron los hechos y que de cualquier forma esto debía haberse ventilado en el seno de la Diputación y no en el juzgado y por a vía penal.
Este viernes se le proporcionarán al jurado los aspectos sobre los que debe pronunciarse para dictar su veredicto que servirá de base al tribunal par dictar sentencia.
