El Pleno del Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley de reforma educativa impulsada por la ministra, Isabel Celaá, sin aceptar la incorporación al texto remitido de ninguna de las casi 650 enmiendas presentadas en la Cámara Alta para modificar el texto ni prolongar el debate de la norma hasta la fecha inicialmente establecida para poder hacerlo, el próximo 25 de febrero.
La norma cosechó 142 votos a favor, 112 en contra y nueve abstenciones. Votaron 263 senadores. Con ello, con su próxima publicación en el Boletín Oficial del Estado, se marcará el plazo de entrada en vigor de esta ley orgánica con la que se modifica otra socialista (la LOE, de 2006) y así derogar la vigente Lomce aprobada por el PP en 2013.
Aunque durante el debate la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, no tuvo compañía de otros miembros del Gobierno, en la votación, pasadas las seis de la tarde, la acompañaron los ministros socialistas José Luis Ábalos, Nadia Calviño, Teresa Ribera y Fernando Grande-Marlaska.
Varios portavoces, como los de Ciudadanos, Grupo Mixto, PP y Junts per Catalunya, vincularon directamente el trámite «exprés» de la reforma educativa a los apoyos de ERC y PNV a los Presupuestos Generales del Estado, que se aprobaron este martes.
El presidente de la Comisión de Educación y Formación Profesional en el Senado, el socialista José Asensi, recordó que el proyecto entró en el Senado el 25 de noviembre de 2020 y que tiene como objetivo actualizar el marco normativo educativo de 2006, reformado mediante ley orgánica con la Lomce, y “adaptarlo a la situación actual” para establecer un marco normativo “integrado y claro”; trabajar por los objetivos internacionales en educación; mejorar la igualdad de oportunidades; buscar la calidad “para todos y todas mediante la equidad”; impulsar el dominio de las competencias básicas; desarrollo de una ciudadanía “activa y crítica”; el fomento de la Formación Profesional; la “apertura” de los centros a la sociedad, y reconocer la “diversidad” del alumnado.
Asensi señaló que el texto es el mismo que se sometió a consulta “de múltiples organismos públicos y privados” antes de la disolución de las Cortes por las elecciones de hace más de un año y que esa misma propuesta se remitió “en idénticos términos” al Congreso el pasado 4 de marzo, apenas diez días antes de la declaración del estado de alarma por la pandemia de Covid-19.
650 enmiendas
El presidente de la Comisión reflejó en su intervención que el proyecto ha recibido tres propuestas de veto (de Ciudadanos, del senador de UPN Alberto Catalán y del Grupo Popular) y 650 enmiendas (150 del Grupo Mixto, 72 del Grupo Nacionalista, 185 de Izquierda Confederal, 59 de Ciudadanos y 184 del Grupo Popular) de las que se retiraron dos, pero que “la ponencia acordó por mayoría no introducir enmiendas al texto remitido por el Congreso”, aunque posteriormente, el dictamen recibió 13 votos particulares, incluidas tres propuestas de veto.
“Hoy puede ser un gran día”, aseveró la senadora socialista Inés Plaza, parafraseando la canción de Joan Manuel Serrat, y justificando que el texto ha estado en el Congreso, contando con la interrupción electoral y el estado de alarma, alrededor de año y medio. También recordó que en el Congreso “se han aprobado 320 enmiendas” y tiene el apoyo de siete partidos.
Su compañero de grupo José María Oleaga desmontó lo que considera mentiras contra la reforma educativa, para lo que comparó a los políticos del Grupo Popular con el personaje literario de Pinocho. “La nariz de madera del PP empieza a crecer”, reiteró mientras desmentía que la Lomloe ataque a la concertada, se elimine el castellano como lengua vehicular o se cierren los centros de educación especial.
En su opinión, los populares abanderan una “ideología temerosa” porque “tienen miedo a la diversidad”. “Ustedes tienen que decidir si las siglas de su partido significan Partido Pinocho o Partido Popular y espero que aprendan a ser generosos y veraces”, zanjó, en referencia a las cualidades del personaje literario.
El senador del PP Pablo Ruz defendió, sin embargo, que la ‘p’ de Pinocho corresponde a la de Pedro Sánchez, “la de la mentira” y aseguró que hoy es “un día triste” porque la ‘ley Celaá’ “quita libertades, supone una regresión indudable y profundiza la grieta social”. “Vamos a trabajar en una alternativa para un pacto educativo”, advirtió.
Nocturnidad y alevosía
La senadora de Ciudadanos Lorena Roldán dijo que este miércoles es “un día triste para España” pues, en su opinión, la Lomloe “es una ley tan mala por todo aquello que impone, como por todo aquello que impide”, “un atropello con nocturnidad y alevosía” y que se aprueba con el veto a comparecencias de expertos y con las críticas de dos millones de ciudadanos que han firmado contra la norma y un manifiesto rubricado asimismo por 80 intelectuales. “Vamos a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional porque esta ley vulnera derechos fundamentales. Es una ley que nace muerta”, agregó, indicando que la ‘ley Celaá’ también es “moneda de cambio para apoyar los Presupuestos con sus socios”. “Ustedes están más preocupados de amarrar bien sus asientos que de escuchar a la comunidad educativa”, acusó a los socialistas.
En el debate, el senador de UPN Alberto Catalán Higueras (Grupo Mixto) aseguró que “es un auténtico despropósito que no se acepte ninguna enmienda” y que la tramitación ha sido “atropellada y vergonzosa”. “Su ley deja mucho que desear, pasará a los anales del sectarismo y la vergüenza parlamentaria”, dijo a la ministra Isabel Celaá, presente en la cámara, de quien dijo que está “en búsqueda y captura” por la Comisión de Educación.
“Ni la Lomce tuvo esa tramitación, incluso se aprobaron en el Senado algunas enmiendas presentadas por el partido socialista”, subrayó, lamentando que el Gobierno “denigre” esta Cámara. “Han convertido esta ley en ‘ley mordaza’”, denunció. “También dijeron que no iban a pactar con Bildu. Ustedes son maestros en el engaño, no son de fiar”, concluyó.
El parlamentario de Vox José Manuel Marín también llamó a trabajar por un “gran pacto”, acusando al Ejecutivo de pasarse “por el forro” los derechos relacionados con la educación en la tramitación de la reforma. “El mayor Pinocho que existe en España es el presidente Sánchez”, acusó.
En su turno, la senadora de Junts per Catalunya Assumpció Castellví rechazó apoyar los vetos porque sus promotores “mienten y desprecian” el catalán y la inmersión lingüística. “En Cataluña no hay conflicto con la educación, el conflicto lo crean ustedes por intereses políticos”, aseguró.
En representación del Grupo de Izquierda Confederal, Eduardo Fernández Rubiño, mostró su intención de votar contra los vetos, aunque reconoció que les hubiera gustado “que la tramitación hubiera sido distinta”, para garantizar el papel del Senado. En su turno también subrayó los “recortes” y “mentiras” de los gobiernos del PP, destacando, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid despidió este miércoles a 1.117 profesores de refuerzo por la Covid-19.
Por el Grupo Vasco, María Rosa Peral justificó que su apoyo a la Lomloe “no es una decisión tomada a la ligera”, pues considera que “la ley blinda la mejora del sistema”.
Csif
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, considera que la LOMLOE ha supuesto una oportunidad perdida para solucionar los problemas estructurales y la falta de recursos que arrastra nuestro sistema educativo, desde hace más de treinta años, agravados ahora por la pandemia.
Se refiere por ejemplo al cese del personal de refuerzo en diferentes comunidades autónomas, que ha vuelto a poner en evidencia la improvisación y las debilidades de nuestras aulas. La escuela pública vuelve a situarse de nuevo en una situación de gran debilidad.
En todo caso, desde CSIF ofrece sua colaboración para desarrollar los elementos positivos de la Ley y minimizar los efectos negativos, dejando a un lado las diferencias políticas que impiden alcanzar un Pacto de Estado en materia educativa.
