La asociación provincial Hosteleros de Valladolid exige a la Junta de Castilla y León que se cumpla lo que el vicepresidente del gobierno regional, Francisco Igea, les anunció en la reunión del pasado martes, y “que las ayudas prometidas lleguen en los próximos días, que sean ágiles e inmediatas y que acompañadas de exenciones fiscales permitan al sector enderezar una situación que cada vez se está poniendo más crítica con los empresarios y trabajadores de la hostelería”.
Según detallan en un comunicado recogido por Ical, “el sector hostelero en la Comunidad sigue viviendo una situación de clara emergencia”. Así, contabilizan la destrucción de uno de cada cinco empleos desde el pasado mes de marzo, y señalan que la afiliación a la Seguridad Social del colectivo se encuentra ligeramente por encima de los 61.000 trabajadores, muy lejos de los casi 80.000 de principios de 2020, según los datos publicados recientemente por el Consejo Económico y Social de Castilla y León.
“A grandes rasgos, esto supone la cifra más baja de la historia en afiliación del sector, con mil menos que en la recesión de 2012, al haber perdido 21.000 trabajadores desde el inicio del estado de alarma”, advierten. De las 35.000 empresas de restauración y alojamientos que comenzaron el año 2020, estiman, al día de hoy, un cierre aproximado ya del 20 por ciento, “con tendencia a subir exponencialmente si no se adoptan soluciones rápidas en forma de ayudas directas”.
“Dado el estado crítico de las empresas y las pésimas condiciones con las que trabajamos, pedimos al Ejecutivo Regional un seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria y, en virtud de ello, poder ser modificada o dejarla si efecto, y lograr entonces unas medidas restrictivas que no perjudique al sector hostelero de la forma que lo está haciendo hasta ahora, y que nos deja con un ámbito mínimo para el ejercicio de nuestra actividad. La hostelería no somos el problema, somos la solución”, concluyen.
