Despilfarro en La Aldehuela

El convenio del Ayuntamiento con la empresa que explota el complejo deportivo de La Aldehuela se ha convertido en un referente de la gestión del PP en la ciudad. Este martes se ha aprobado el convenio anual con Enjoy Wellness en unas condiciones ventajosas con la empresa concesionaria y el más lesivo posible para los intereses públicos de todos los salmantinos, tal y como constata un informe del interventor municipal.

En este contexto, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Salamanca solicita a PP y Ciudadanos que investiguen los posibles incumplimientos por parte de la empresa concesionaria de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, Enjoy Wellness, durante los meses de confinamiento por la actividad online que desarrolló para todo su grupo empresarial con medios vinculados al contrato municipal mientras dicho contrato estaba suspendido.

Los hechos se remontan al mes de marzo de 2020, cuando la empresa manifestó que “se vio obligada al cierre del complejo deportivo, lo que supuso la imposibilidad absoluta de ejecutar el contrato”. En ese momento, el equipo de gobierno municipal, mediante decreto de alcaldía, determinó la suspensión total del contrato público desde el día 13 de ese mismo mes hasta que pudiera reanudar la actividad.

Sin embargo, a pesar de que las instalaciones de La Aldehuela estaban cerradas y de que la empresa aseguró que había suspendido totalmente su actividad, continuó realizando una función distinta al objeto del contrato, con medios humanos y materiales adscritos al mismo, todo ello, sin autorización ni conocimiento del Ayuntamiento de Salamanca.

Durante la suspensión del contrato, el grupo empresarial lanzó una plataforma de entrenamiento online en la que ofreció clases telemáticas no solo a los usuarios del complejo deportivo de Salamanca, sino a cualquier usuario de los centros que el grupo empresarial dispone en diferentes ciudades de toda España. En dicha web, monitores adscritos al contrato municipal han continuado teletrabajando desde sus domicilios con bicicletas y medios procedentes de las instalaciones municipales.

Esto, según el PSOE, «reviste la gravedad suficiente como para que al menos el equipo de gobierno municipal decida analizar y emitir un informe en relación con el posible incumplimiento del pliego de condiciones administrativas, ya que el Ayuntamiento de Salamanca está abonando los salarios de los citados trabajadores y el coste de los medios materiales para la explotación de la actividad, pues la empresa concesionaria incluye dicho coste como gasto a la hora de solicitar la subvención al déficit».

Además, este posible incumplimiento del pliego de condiciones, «podría constituir un fraude de índole laboral por una posible cesión ilegal de trabajadores. De hecho, en la documentación aportada por la propia empresa para justificar los gastos por la explotación del Multiusos Sánchez Paraíso, se puede observar que durante la suspensión del contrato no ha tenido ningún gasto de personal, ya que este contrato no tiene el régimen de subvención al déficit sino que está sujeto a canon».

Meses después, el pasado 23 de diciembre, PP y Ciudadanos plantearon el reconocimiento de una indemnización a la empresa adjudicataria por un valor de 233.000 euros «sin tener en cuenta que se pretenden imputar gastos que supuestamente beneficiaron a todo el grupo empresarial y no solo al centro de La Aldehuela, tales como el alta de un total de 23 asistencias remotas a teletrabajo, la compra del dominio de la plataforma o las funciones relacionadas con la comunicación online de la actividad», señalan los socialistas.

Al respecto, la concejala socialista María Sánchez ya recalcó en el último pleno, celebrado el pasado 30 de diciembre de 2020, que “el Ayuntamiento de Salamanca no puede dar carta blanca a una empresa sin pensar en los intereses generales”, antes de confirmar el voto en contra de los socialistas a la indemnización aprobada finalmente por PP y Ciudadanos.

En este sentido, el grupo municipal socialista vuelve a mostrar su preocupación por el nulo interés demostrado por el equipo de gobierno municipal ante este posible incumplimiento contractual y su inacción tras casi tres semanas desde la última sesión plenaria. Por este motivo, los concejales del PSOE consideran que el Ayuntamiento «debe actuar sin más demora» y ya han registrado para su traslado al interventor municipal toda la documentación relacionada con el fin de valorar las posibles consecuencias jurídicas en relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Modelo de concesión de La Aldehuela

El PSOE ha expresado en varias ocasiones las dudas que genera el actual modelo de concesión por beneficiar sobremanera los intereses de la empresa adjudicataria del complejo deportivo de La Aldehuela y perjudicar los generales y ha vuelto a recordar este martes al PP y Ciudadanos «que el modelo de concesión bajo la fórmula de canon fijo en lugar de subvención al déficit desde el principio de la concesión hubiera supuesto un ahorro a las arcas municipales de más de 1,5 millones de euros desde 2014″.

Recuerda que el contrato de concesión de la obra para la terminación de la ampliación, reforma y explotación del complejo deportivo de La Aldehuela se adjudicó a la empresa ‘Constructora San José, S. A.’ por acuerdo plenario en junio de 2014, fijando la subvención de déficit por la explotación en 1.206.688 euros al año por un plazo de diez años prorrogable cinco años más. En febrero de 2016, se aprobó una cesión del contrato a la empresa ‘Enjoy Wellness Aldehuela, S. L.’, que explota la concesión desde esa fecha.

PP y Ciudadanos han aprobado en la comisión de Bienes y Contratación celebrada este martes, con el voto en contra del PSOE, la última actualización y revisión de la subvención máxima del déficit de explotación del contrato, fijada en una cantidad de 1.235.388 euros al año, con efectos retroactivos desde marzo de 2020.

En su argumentación el grupo municipal socialista ha lamentado que el gobierno municipal no haya llevado a la práctica el exhaustivo informe elaborado por el servicio de Intervención en el que planteaba un escenario de cambio de régimen de concesión más favorable a los intereses municipales, puesto que suponía un ahorro anual para el Ayuntamiento de Salamanca de 256.676 euros al año, así como la posibilidad de hacerlo efectivo con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020.