Entre un diez y un doce por ciento del personal empleado en los centros residenciales de la Comunidad ha rechazado recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 frente al tres por ciento de los residentes, sobre todo por las patologías que tenían las personas mayores o incluso por recomendación médica.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró hoy en Valladolid durante la presentación de las medidas de atención a la infancia en Castilla y León, que la vacunación es voluntaria y que el rechazo a que le administraran la primera dosis está relacionado por un tema personal o sanitario. En este sentido, señaló que la Junta, al igual que otras administraciones, ha hecho llamamientos para que la vacunación llegue al mayor número de personas posibles.
En cuanto al ritmo de vacunación de la segunda dosis frente al coronavirus, Isabel Blanco apuntó, según recogió la Agencia Ical, que la previsión que maneja la Junta es que entre mediados y finales de febrero estén vacunadas los casi 73.000 personas, entre usuarios y trabajadores.
Explicó que desde el pasado domingo se continúa con la administración de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer en las residencias de Castilla, siguiendo el mismo calendario de la primera fase. Eso sí, matizó que ese trabajo del personal sanitario se lleva a cabo en los centros que en este tiempo no han sufrido ningún brote de COVID-19. No en vano, una vez que pase esta situación se reincorporarán al calendario de vacunación con toda normalidad.
La consejera mostró su preocupación por los brotes detectados en centros donde hay dos o más positivos, no tanto donde hay un solo contagiado. No en vano, precisó que esa persona haya podido pasar la enfermedad y que, someterse a una prueba PCR o test de antígenos, puede dar positivo por que no ha «negativizado» por completo.
Los últimos datos facilitados por la Junta, en relación a ayer martes a las 10 horas, existían 28 residencias de la Comunidad con varios positivos de coronavirus. Unos centros de los que, apuntó, se hace un seguimiento especial y que reciben más visitas de control e inspección para comprobar cómo se lleva a cabo la sectorización de los residentes y conocer sus necesidades de personal y de equipos de protección.
Blanco reiteró la necesidad de continuar extremando todas las medidas de precaución en las residencias de mayores y de personas con discapacidad. «Hay que estar muy pendientes por que hasta que no pase un mínimo de una semana de la segunda dosis no se alcanza la inmunidad», sentenció. Es decir, tienen un riesgo de contagiarse al no generar aún anticuerpos.
De ahí que apuntara la realización de cribados periódicos, cada semana, con los tests de antígenos con el objetivo de detectar posibles casos entre los trabajadores, ante la alta incidencia del virus en la tercera ola.
Menor impacto
Pese a reconocer que el impacto de la tercera ola del COVID-19 en las residencias es inferior a lo ocurrido en la segunda fase y, sobre todo, en la primera, cuando el virus se cebó con este tipo de centros. «La incidencia de la enfermedad en las residencias está siendo mucho menor en comparación con la población en general», sentenció. Eso sí, reiteró el mensaje de que estos centros no son «burbujas» y se comportan como en el municipio y el entorno donde se ubican.
La consejera relacionó este buen comportamiento con las medidas implantadas en las residencias durante las Navidades, tras la actualización de la guía de recomendaciones, además de continuar con los estudios de las aguas residuales para detectar centros con Covid, los cribados con tests de antígenos, el uso de los equipos de protección (recomendar mascarilla FPP2), visitas con medidas «muy estrictas» para aumentar la distancia de seguridad y el uso de equipos de protección y reingreso del residente con una PCR negativa.
Ayuda a domicilio
Preguntada por la vacunación de las personas empleadas en el servicio de ayuda a domicilio, la consejera de Familia apuntó entrarán en el primer grupo al considerarse un colectivo «prioritario». De momento, manifestó que la Junta recaba los datos para que puedan recibir la primera dosis en «próximas fechas».
