Sea del tipo que sea, y se use con la finalidad con la que se use. El cannabis es una planta que tiene detrás una ley bastante estricta. Su carácter psicoactivo y sus efectos perjudiciales a través del consumo recreativo han llevado a un control enorme para evitar daños en las personas.
No obstante, los tiempos cambian. Nuevos estudios empiezan a abordar el lado positivo de esta planta y uno de sus componentes, el CBD, presente en todas sus variantes, sean indica o sativa. Algo que, sumado al cambio de pensamiento en varios países, está empezando a dibujar un horizonte de cambio en España.
Varios grupos parlamentarios, a través de una iniciativa de Unidas Podemos, están empezando a contemplar la posibilidad de cambiar la ley que regula el cultivo y el consumo de la marihuana en el país. Por el momento, no hay nada en claro.
No obstante, se está trabajando en una propuesta de ley que se quiere tener completada en el menor tiempo posible para trasladarla a debate. Una vez planteada, comenzarían las negociaciones, los acuerdos y las modificaciones hasta llegar a algo con lo que haya un acuerdo mayoritario y se pueda poner en marcha.
Qué propone la nueva ley del cannabis
Actualmente, no termina de aclararse cuál es la premisa que persigue la nueva propuesta de ley sobre el cannabis, más allá de legalizarlo en más campos de los que lo es actualmente. No obstante, hay dos enfoques diferentes por parte del actual equipo de gobierno.
Por un lado, los integrantes del PSOE que están trabajando en la materia insisten en que se deben poner sobre la mesa solamente las posibilidades terapéuticas de esta planta. No ha sido una pronunciación realizada a través de un comunicado público, sino más bien una intención reflejada en respuesta a un diputado del PNV.
Desde la perspectiva socialista, es crucial realizar previamente los ensayos clínicos que sean necesarios para poder determinar los posibles beneficios y riesgos del cannabis para la salud. Actualmente, y aunque varios países ya han abierto este tipo de investigaciones antes, hay demasiada confusión al respecto.
Por otra parte, desde Unidas Podemos esgrimen que la nueva ley debe regular todo lo relacionado con el cannabis, debe ser una propuesta integral. Su intención es establecer los criterios adecuados para controlar todo el ciclo productivo de la planta. Es decir, desde su plantación y cultivo hasta su explotación.
No obstante, consideran que todavía queda bastante trabajo por delante. Y es que el cáñamo también tiene presencia en el sector industrial, cosa que quieren estudiar detenidamente para reflejar el panorama general de forma adecuada en esta nueva ley que quieren debatir durante el presente 2021.
La situación actual
Actualmente, la ley prohíbe tanto el consumo como el cultivo de cannabis a todos los niveles. Si bien es cierto que hay limitadísimas plantaciones legales en nuestro territorio, todas ellas están vinculadas al sector farmacéutico.
A nivel particular, los consumidores de a pie solo pueden comprar semillas con fines de coleccionismo. De hecho, se pueden encontrar en tiendas online como Royalqueenseeds y similares. No hay ningún problema legal en ese sentido.
Los problemas están en el instante en el que se aborda el cultivo. La legislación vigente no permite plantar en zonas públicas, aunque tiene despenalizado el cultivo para autoconsumo. Esto implica un control de cantidades muy riguroso, al igual que la obligatoriedad del cultivo en el interior.
No obstante, que esté despenalizado no implica que la ley no pueda tomar medidas. Las autoridades pueden actuar según lo que consideren adecuado, cosa que deja al cultivo de esta planta actualmente en un margen bastante ambiguo en nuestro territorio.
Qué recoge el borrador de la nueva ley
Todavía dista de estar definido, pero los implicados en su concepción ya han adelantado detalles sobre el borrador actual de la nueva ley de regulación del cannabis. Según esta propuesta de ley, se buscaría permitir el autocultivo, estableciendo un máximo de 20 metros cúbicos de plantación por persona.
Asimismo, para evitar cualquier intento de tráfico o actividad ilegal, la formación morada propone establecer un sistema de licencias para todas las fases: producción, distribución, venta.
Por otra parte, buscan establecer un gravamen de un máximo del 35% sobre el precio de cualquier producto derivado del cannabis sin fines medicinales. Una forma de controlar su fiscalidad y, de paso, generar más contribuciones para enriquecer las arcas del estado. También contempla el establecimiento de asociaciones de usuarios para acceder a la planta.
Muchas líneas que ayudan a perfilar un poco el horizonte, pero no terminan de concretarse. Es un tema difícil de abordar, dadas las implicaciones que tiene y la falta de consenso a nivel internacional. La regulación del cannabis es muy heterogénea a escala global, y lo que el Gobierno quiere hacer es mover ficha para terminar de posicionarse.
