El sindicato Acaip-ugt ha solicitado este miércoles medidas de cierre para los centros penitenciarios incluido el de Topas dadas las cifras actuales de incidencia de la Covid 19.
Según su secretario general, Jesús Crego, las cifras actuales de incidencia están llevando a las autoridades sanitarias a adoptar medidas restrictivas a los ciudadanos cada vez más severas «y ese ejercicio de responsabilidad también debe adoptarse en la institución penitenciaria, por lo que es ineludible y urgente adoptar medidas preventivas de cierre de los centros penitenciarios limitando las personas que pueden acceder a ellos«.
Para Acaip-ugt es urgente aplicar medidas como la suspensión de permisos, comunicaciones, talleres productivos y la prohibición de acceso de personal ajeno a la institución «para evitar no solo una crisis sanitaria dentro del centro sino también una crisis de seguridad interior».
El sindicato considera importante establecer igualmente medidas adecuadas a las modalidades de cumplimiento del régimen de semilibertad «potenciando los controles telemáticos no debiendo admitirse presentaciones voluntarias en los centros de inserción social, ya que carecen de personal facultativo».
Asegura que en los últimos días «es incesante el número de positivos que se van presentando tanto entre la población reclusa como entre los empleados en diferentes centros penitenciarios» y por ello muestra su «total preocupación ante la posibilidad de que el virus se extienda por el ámbito penitenciario incluido el centro penitenciario de Topas a sabiendas además que los centros no cuentan con el personal facultativo suficiente».
A estas horas ya es una evidencia que la dotación de medios higiénicos para prevenir el contagio «debe estar sobradamente garantizada sobre todo para aquellos trabajadores con contacto directo con el interno. Mascarillas FFP2 obligatorias tanto para población reclusa como trabajadores, soluciones hidroalcohólicas y productos desinfectantes adecuados son imprescindibles».
Crego manifiesta que una vez llegue el turno de la vacunación «debe garantizarse tanto al personal como a la población reclusa de manera simultánea» y propone que debe administrarse por el personal sanitario de prisiones siendo retribuido este trabajo convenientemente a través de la productividad correspondiente.
