La Junta de Castilla y León prevé “ralentizar” la vacunación contra el COVID-19 ante la reducción en el suministro previsto, con el objetivo de “priorizar” la administración de las segundas dosis. Sin embargo no tiene “intención de paralizar” la campaña de inmunización como han anunciado otras comunidades autónomas.
Ical.- La consejera de Sanidad, Verónica Casado, negó que se vaya a suspender la vacunación y explicó que se adaptará la planificación a un “ritmo menor”, con el objetivo de “intentar seguir adelante”. De esta forma, reconoció que tenían previsto haber culminado ya la vacunación de sanitarios de primera línea y todavía no se ha logrado.
En ese sentido, la titular de Sanidad explicó que esta situación está obligando a planificar “semana a semana” la administración de dosis puesto que inicialmente la reducción del suministro iba a afectar solo puntual y se iba a recuperar y ahora ya se plantean “dos o tres semanas” con “cierto riesgo”.
De hecho, la consejera avanzó que en la reunión de esta tarde del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se abordará la posibilidad de posponer la administración de la segunda dosis de Pfizer-Biontech de los 21 a los 28 días, para contar con un mayor margen, como ocurre con las de Moderna. Además, recordó que la ficha técnica recomienda cumplir los 21 días, pero alarga el periodo de validez hasta los 40.
El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, demandó hoy “contundencia” al Gobierno de España con la Unión Europea y de ésta con la industria farmacéutica ante la “situación inaceptable” creada por la falta de entrega de vacunas compradas.
Igea solicitó transparencia y subrayó que los contratos y ventas no pueden ser “ocultas”, por lo que afirmó que la Unión Europea tiene que hacer públicos los contratos. “No puede ser que no sean públicos”, anotó.
“Hay que decir a las empresas farmacéuticas que no vamos a aceptar estos hechos, es inadmisible la situación actual”, recalcó Igea, que insistió en que “el Gobierno y la Unión Europea tienen que actuar”. Así, avanzó que la Junta llevará la «preocupación e indignación» ante el Comité de las Regiones de Europa.
El vicepresidente de la Junta lamentó que no se tuviera en cuenta en el Consejo Interterritorial de Salud de contar con una reserva de dosis para asegurar la segunda vacuna.
Los que se cuelan
También Verónica Casado reiteró que quienes se hayan saltado su turno para vacunarse no recibirán la segunda dosis y se remitió a la opinión de los vacunólogos, que recordó les comentan que “dosis puesta, vacuna puesta”, aunque la inmunidad que ofrezca sea menor que si esa persona contara con las dos dosis.
Al respecto, el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, apostilló: “Nadie se va a saltar la cola” y que se sigue investigando, sin que se conozca el número de vacunaciones irregulares. No obstante, insistió en que se preocuparán de que esto no ocurra y que si pasa, no se quede sin sanción.
Asimismo, la consejera de Sanidad descartó hacer un cribado masivo a los vacunados, con la pauta completa, para comprobar la inmunidad que han adquirido, porque argumentó que las vacunas han sido autorizadas en Europa porque han demostrado con estudios clínicos su efectividad en un 90 por ciento. Por ello, señaló que si se hiciera sería en el marco de una investigación, para “cosas concretas”.
También, Verónica Casado destacó que Castilla y León ha puesto ya 108.310 dosis, siendo la segunda comunidad con más vacunas por 100 habitantes, al haber administrado el 87,4 por ciento del total de las suministradas. Además, un total de 21.103 personas ya han completado su inmunización. No obstante, expresó su preocupación por la reducción en el suministro previsto, que obliga a hacer cambios en la planificación.
Transparencia
Igualmente, la consejera de Sanidad respondió a la petición del PSOE de facilitar el plan de vacunación de Castilla y León que la estrategia es estatal. Además, argumentó que está “clarísimo” quienes son los grupos y las fases para la administración de las dosis, por lo que rechazó que las vacunaciones irregulares obedezcan a que se desconozca el protocolo establecido, que recordó fue consensuado con los expertos y aprobado por el Consejo Interterritorial.
También el vicepresidente insistió en que la culpa, como en los delitos, es del “delincuente”, no de la transparencia del plan de vacunación. Además, desvinculó su exigencia a la Unión Europea sobre los contratos con las farmacéuticas de la petición del PSOE de Castilla y León. Además, advirtió de que las residencias deben facilitar el listado de sus trabajadores e internos y añadió que quien incumpla las normas, asumirá las consecuencias, si bien aseguró que se presupone que la “inmensa mayoría” de la población es “honesta”.
