La Junta de Castilla y León valora como decepcionante la nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que el Ministerio de Sanidad, nuevamente, ha rechazado la petición de la mayoría de las comunidades autónomas españolas en el sentido de avanzar en una cogobernanza real y efectiva, no meramente terminológica, facilitando nuevos recursos normativos con lo que hacer frente a la situación pandémica por la COVID-19.
El Pleno celebrado este jueves bajo la presidencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darías San Sebastián, en lo que ha supuesto su primera participación como titular de la cartera ministerial sanitaria, «ha evidenciado el enrocamiento y la continuidad de los planteamientos del Gobierno de la Nación, dejando a las autonomía el peso de la gestión de la actual crisis sanitarias pero desde un régimen normativo insuficiente para la toma de decisiones efectivas», indica la consejera.
En esta reunión, nuevamente Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Euskadi, Galicia, Madrid, Murcia y Ceuta han demandado la imprescindible necesidad de articular herramientas jurídicas válidas con las que abordar aspectos no cubiertos por el actual Real Decreto sobre el Estado de Alarma en vigor y, más concretamente, en lo referido a confinamientos selectivos y a la ampliación de los horarios del toque de queda.
La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, durante su intervención, ha señalado la necesidad de que las autoridades sanitarias autonómicas dispongan de mecanismos suficientes y legales con los que afrontar nuevas ondas pandémicas, no soo la actual, habida cuenta la ralentización evidente por los problemas de suministro de la estrategia nacional de vacunación frente a la COVID-19.
La opción a poder confinar cuando los criterios epidemiológicos y asistencial así lo indiquen, junto con la modulación ampliable de horarios de toque de queda, han sido aspectos puestos sobre la mesa por varias CC.AA., entre ellas Castilla y León.
La consejera Casado ha señalado que, en el caso de no existir voluntad del Estado al respecto de confinamientos y ampliación de la limitación de la circulación ciudadana, se habilite a las autonomías con opciones para ello, dotándolas de las herramientas legales que den cobertura jurídica a sus decisiones y apoyadas, además, en ayudas a los sectores económicos más afectados por esta situaciones limitativas, como son la hostelería y el turismo.
Sin embargo y a pesar de la coincidencia de varias comunidades en estos planteamientos, el Ministerio de Sanidad no ha dado respuesta alguna al respecto, ignorando así las demandas autonómicas.
En lo referido a la estrategia nacional de vacunación y su traslación a las comunidades autónomas, la Junta de Castilla y León ha traslado su preocupación por la falta de dosis tal y como había sido planificada su disponibilidad, situación que no sólo conlleva un descenso actual del ritmo de inoculaciones entre los grupos prioritarios previstos, sino que genera una falta de certezas que complica enormemente la planificación de próximos pasos y la definición de grupos poblacionales siguientes a vacunar.
También Verónica Casado ha trasladado otros temas de actualidad en la evolución pandémica, como la necesidad de un soporte jurídico que permita que nuevamente personal sanitario jubilado pueda reincorporarse al ámbito asistencial en tan complicada situación; conocer la postura ministerial sobre la necesidad de aumentar el nivel exigible para las mascarillas de protección en determinados ámbitos y actividades; el incremento de plazas para la formación sanitaria especializada; la presencialidad universitaria en los exámenes; la agilización en la homologación de títulos de Ciencias de la Salud de profesionales extra comunitarios; o la evolución de la aplicación ‘Radar COVID’, entre otros asuntos.
En la reunión también se aprobó un documento con medidas correctoras para evitar que se pueda colar a gente en un turno de vacunación más prioritario del que le corresponde. La medida salió adelante con el voto en contra de País Vasco, Cataluña, Galicia y Castilla y León.
La consejera de Sanidad, Verónica Casado, aseguró que ha rechazado el acuerdo sobre la estrategia de vacunas, que calificó de “declaración de intenciones, pero nada que aterrice en cifras, objetivos e indicadores”. “En nada”, sentenció, tras salir “decepcionada” por el continuismo de la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, demostrado, según la Junta, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
“Tenemos que ser buenos, pero me parece que cuando se hacen este tipo de declaraciones da la impresión de que hasta ahora no lo estábamos haciendo; y necesitamos un acuerdo para eso. Yo no necesito un acuerdo, necesito vacunas”, insistió Casado, quien aseguró, junto a otras tres comunidades autónomas, que el documento “se daba por implícito y no se necesitaba”, y aprovechó para reclamar “herramientas técnicas y vacunas”.
