Un total de 2.124 expedientes sancionadores relacionados con infracciones cometidas durante el primer estado de alarma han sido ya incoados y notificados. De ellos, 603 han sido pagados por medio del procedimiento abreviado (abonados en periodo de pago voluntario con reducción del 50% sobre el importe); en otros 85 casos se ha dictado ya resolución, y sólo 11 han sido recurridos, habiéndose desestimado los tres que habían acudido para ello a la vía contencioso-administrativa.
En el año 2020 aumentaron en un 60% el número expedientes sancionadores tramitados con respecto al año anterior. En total se iniciaron 4.924,en gran parte relacionados con el primer estado de alarma, pero también con el resto de procedimientos sobre los que se tiene competencia sancionadora.
Actualmente se continúa con los procedimientos no finalizados, así como,incoando y notificando sanciones por el incumplimiento de la normativa sanitaria en los meses de marzo a junio y, aun teniendo en cuenta el considerable incremento, el objetivo es dar trámite a todas las propuestas de sanción, pudiéndose incluso agravar alguna de ellas en casos de extrema gravedad o comportamientos reincidentes.De esta forma se pretende poner de relieve “la importancia de cumplir la normativa sanitaria y evitar conductas inapropiadas en la lucha contra el virus”, ha subrayado la subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez.
Asimismo, quiso destacar el “gran esfuerzo” realizado por los funcionarios de la Subdelegación del Gobierno para poder tramitar tal volumen de expedientes relacionados con la crisis sanitaria y el resto de procedimientos de su competencia.
Un proceso garantista
El proceso de sanciones es garantista, por lo que su tramitación conlleva una serie de trámites ineludibles y posibilidades de recurso que pueden dilatar hasta varios meses el cierre de un expediente sancionador.
Desde la primera notificación tras el acuerdo de iniciación del expediente, el interesado es informado de los derechos que le asisten, lo que refuerza su seguridad jurídica frente al proceso. Entre ellos se encuentra la posibilidad de presentar alegaciones en caso de disconformidad con la sanción propuesta.
Competencias
En la Subdelegación del Gobierno sólo se tramitan aquellas denuncias interpuestas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre materias sobre las que se tiene competencia. Por ejemplo, las que se imponen actualmente, que tienen que ver con el incumplimiento de las restricciones impuestas en virtud de normativa autonómica, no les corresponden y son derivadas a la administración correspondiente.
El compromiso de las FCSE se ha mantenido en todo momento firme, independientemente de a quién corresponda en cada momento la responsabilidad de la gestión de la pandemia y, por ello, “siguen y seguirán haciendo propuestas de sanción para garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria”, ha subrayado Encarnación Pérez.
La subdelegada ha querido destacar, además, la “gran labor” que tanto Policía Nacional y Guardia Civil como las Policías Locales están realizando desde el inicio de la pandemia y reconocer la sobrecarga de trabajo que ha supuesto para ellos el cumplimiento de las diversas medidas restrictivas que han estado y están vigentes en la lucha contra el virus.
