España y Portugal han decidido prorrogar hasta el próximo 1 de marzo los controles en la frontera interior terrestre entre ambos países, una medida que tiene como objetivo hacer frente a la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19
ICAL. Así lo establece la orden del Ministerio del Interior que este lunes publica el Boletín Oficial del Estado (BOE). De esta forma, sólo se permitirá la entrada a territorio español a ciudadanos españoles y su cónyuge o pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal inscrita en un registro público, y aquellos ascendientes y descendientes que vivan a su cargo, siempre que viajen con o para reunirse con éste.
También a residentes en España, que deberán acreditar su residencia habitual, así como los estudiantes que cursen sus estudios en España y a residentes en otros Estados miembros o Estados asociados Schengen que se dirijan a su lugar de residencia habitual, debidamente acreditado.
Asimismo, podrán acceder quienes vayan a transitar o permanecer en el territorio español por cualquier motivo exclusivamente laboral, siempre que se acredite documentalmente. Esta categoría incluirá, entre otros, a los trabajadores transfronterizos, trabajadores sanitarios y del transporte.
Se permite también pasar la frontera a aquellas personas que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad, o por motivos humanitarios, y al personal extranjero acreditado como miembro de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales sitos en España, siempre que se trate de desplazamientos vinculados al desempeño de sus funciones oficiales, así como los participantes en viajes de Estado y los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas para ejercer sus funciones.
Pasos autorizados
La orden añade que “las entradas y salidas del territorio español a través de la frontera interior terrestre con Portugal sólo podrá realizarse por los pasos autorizados y durante los horarios que se establezcan”.
Esta medida ha sido acordada y coordinada con las autoridades portuguesas, y la decisión también ha sido comunicada a la Unión Europea y al resto de Estados miembros
