El ‘canis lupus’ se ha convertido en el principal protagonista de la actualidad en España en las últimas semanas.
Sí, el lobo sigue enfrentado a unas CCAA con otras, generando división en el propio Gobierno de España y provocando la ira y las lamentaciones de muchos ganaderos que viven asolados por los ataques del cánido.
No hay que olvidar que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ya mostró su desacuerdo con la prohibición de la caza del lobo impulsada por el ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, aunque con alguna matización: “No es una decisión de mi Ministerio, es de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural, y hay que respetarla”.
Planas aseguró estar del lado de los ganaderos y las comunidades afectadas. “Es un tema polémico. Ahora se trata de pasar al lobo de un régimen de especie protegida a un régimen de protección especial, y como ministro no estoy de acuerdo”, señaló.
Tras la aprobación en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad sobre la propuesta de inclusión del lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre), los consejeros de Medio Ambiente de las cuatro comunidades autónomas que albergan más del 95 % de los lobos de España -Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia– se reunieron por videoconferencia para analizar el resultado de dicha comisión estatal, tanto por la forma indebida en que se celebró la misma, como por las consecuencias tan perjudiciales para la Comunidad, acordando las acciones a seguir. La iniciativa que el Ministerio persigue supone una invasión de competencias exclusivas de la Comunidad, impide la gestión de la conservación y control población del lobo, y constituye un gravísimo daño para el sector agropecuario.
En ese sentido, las regiones al Norte del río Duero consideran que dicho acuerdo es una propuesta, no un acuerdo, que no da por finalizado el procedimiento administrativo y que además presenta una serie de irregularidades que deben ser corregidas.
Tal y como viene denunciando la Junta de Castilla y León, estas irregularidades afectan tanto a la tramitación del procedimiento, como a la celebración de la última Comisión estatal, ya que el propio Dictamen emitido por el Comité Científico señala “la ausencia de criterios objetivos para la inclusión de especies en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre)”.
Los ataques de lobo en Salamanca se multiplican
Para corroborar las quejas de los ganaderos y de la Junta de Castilla y León, bien valen los datos relativos a los años 2019 y 2020 en la provincia de Salamanca, una de las más afectadas.
Según las cifras facilitadas por la administración regional, en el año 2019 tuvieron lugar 60 ataques del cánido, con 206 cabezas de ganado afectadas de un modo negativo, mientras que en el pasado año 2020, la cifra se disparó hasta los 140 ataques, con 322 animales dañados.
