El vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, afirmó este martes que cada día con el adelanto del toque de queda a las ocho de la tarde han fallecido diez personas menos en Castilla y León que en otras comunidades en las que se ha producido un exceso de mortalidad.
Ical.- Con ese argumento rebatió en el pleno de las Cortes la acusación de la socialista Patricia Gómez que el acuerdo para implantar un nuevo toque de queda en la Comunidad, anulado por el Tribunal Supremo, se basó en mentiras tanto del presidente de la Junta, que le firmó, como del propio Gobierno de la Comunidad.
Gómez dudó de que el objetivo de la Junta fuera el de salvar vidas con esa medida y enumeró lo que llamó “mentiras” en las alegaciones jurídicas presentadas ante el recurso del Gobierno, como que el Tribunal Supremo les dice en el auto que no son los únicos que quieren salvaguardar vidas y que tenían otras medidas, que luego han adoptado, sin vulnerar la ley y los derechos fundamentales de las personas.
A Ciudadanos se dirigió la socialista para preguntar si deben mantener un Gobierno basado en “la mentira”, mientras que Igea afirmó que la valoración de dicho auto es la misma que la opinión que tuvo el exministro Illa de salvar vidas y acusó a la socialista de corromper el debate político.
Corrupción y mala praxis
Una valoración de los distintos procedimientos judiciales en curso que afectan directamente a la imagen de la Junta de Castilla y León en este momento preguntó la socialista Ana Sánchez, que en su argumentación apuntó a presuntos casos de corrupción del PP tanto en Castilla y León, donde citó los parques eólicos o las “trampas” en las primarias autonómicas de los populares, como en Madrid.
“No ha mencionado ni un asunto judicial en contra de la Junta”, replicó Igea, que censuró a la procuradora que mezclara la corrupción con su nombre y la espetó a decir “un solo caso”. “No lo voy a tolerar”, advirtió.
El vicepresidente se refirió a los 11.000 asuntos judiciales, 257 procedimientos con 176 resueltos y 138 favorables, a los que sumó sentencias como la que les dio la razón en el recurso del Ayuntamiento de Valladolid.
Encontronazo
En otro momento del debate, el vicepresidente Igea y el líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, se acusaron hoy mutuamente de degradar la política y de incumplir la ley en un debate en el que el segundo pidió la dimisión de un Gobierno “mentiroso”.
“¿Piensa la Junta de Castilla y León asumir algún tipo de responsabilidad después del varapalo recibido por el auto del Tribunal Supremo que suspende el adelanto del toque de queda que había decretado el gobierno autonómico?”, preguntó Fernández en el pleno de las Cortes.
En su argumentación, acusó a la Junta de haber vulnerado derechos fundamentales y de ser “antisistema” por el “quebranto” de la ley, y calificó de “catastrófica” su gestión en esta pandemia en la que afirmó que “han engañado a todo el mundo”, a lo que unió que han empeorado los problemas estructurales de la Comunidad, como la despoblación o los servicios públicos.
“Dijo que venía a cambiar Castilla y León, lo ha hecho a peor”, sostuvo el procurador morado, que se refirió a que los llamados “chiringuitos” por Igea no solo no se anulan, sino que “se coloca a sus afines”, y al enfrentamiento con patronal y sindicatos. Así, se ofreció a darle el teléfono de la ministra Yolanda Díaz para que le dé “un curso de diálogo y acuerdo”.
Igea replicó que podría aprender algo “de su compañera” porque “si tuviera la mitad de su preparación y educación otro gallo cantaría”, para acusar a Fernández de no haberse preparado la intervención donde le apuntó a lo que dice uno de los artículos del decreto de estado de alarma en relación a la autoridad delegada.
En tal sentido, manifestó que el Gobierno central no pidió medidas cautelarísimas tras el acuerdo de toque de queda del presidente de la Junta ni utilizó un artículo para retirar la autoridad delegada, por lo que se preguntó a quién hay que pedir responsabilidad y concluyó que es del Gobierno.
Calificó de “olímpico” que se le acuse de degradar la política y tiró de hemeroteca para recordar que el exdiputado de Unidas Podemos por Valladolid, Juanma del Olmo, fue condenado por difamar o que desde su formación “se aliente la violencia”, en relación a las protestas en la calle a favor del rapero Pabo Hasél.
“No voy a tener que pedir que me indulte, aprenda un poco más”, señaló Igea, convencido de que han asumido la responsabilidad con “las órdenes necesarias” para el control de la pandemia.
