«Prohibido amar y defender la escuela pública»

Así lo ha decretado porque sí la consejería de Educación de la Junta, que la ha emprendido contra la colocación en los centros escolares públicos de pancartas con el peligroso y disolvente lema “Yo amo la escuela pública. Porque es nuestra, porque es de todos”. Y lo ha hecho además de forma cobarde, instando a los directores de los centros a que retiren dichas pancartas sin atreverse a ordenarlo por escrito, limitándose a invocar el falaz argumento de que rompen el “principio de neutralidad” de la Administración Pública.

Amén de pasarse por el forro el derecho a la libertad de expresión, hace falta tener desfachatez para invocar ese principio de neutralidad para perseguir unas respetuosas pancartas cuyo contenido no ofende a nadie. No debería ofender a nadie, pero es obvio que molestan sobremanera a los beneficiarios del negocio de la escuela privada y concertada, cuyos intereses defiende así con todo descaro, en plena campaña de matriculación, la consejería que dirige Rocío Lucas.

A la consejera Lucas y a su equipo no les molesta en absoluto que muchos centros privados luzcan llamativos lazos naranjas contra la Ley Celáa, una ley que les guste o no -que obviamente no les gusta nada y vienen afanándose en boicotearla desde el día en que entró en vigor- emana del Congreso de los Diputados, primera Cámara Legislativa de la nación y máxima expresión de la soberanía democrática.

No vamos a sorprendernos aquí y ahora de que una Administración en manos del PP y Ciudadanos haga todo lo posible por socavar el sector público en beneficio de bolsillos privados. (Sin ir más lejos, la consejera de Empleo, la amiga Ana Carlota, todavía de Cs, acaba de “externalizar” la gestión de las subvenciones de su consejería mediante un contrato con la consultora “Ernst & Young”). Forma parte del ADN de ambos partidos, que privilegia el interés privado en detrimento del público en aplicación de un liberalismo que, eso sí, si luego vienen mal dadas, recurre a la “socialización de las pérdidas”. Lo que sorprende, aunque a estas alturas solo hasta cierto punto, es que se haga de forma tan indecorosa.

El anterior consejero de Educación, Fernando Rey, hombre de fuertes convicciones católicas nada sospechoso de atentar contra la escuela privada, ni por asomo hubiera tenido una conducta tan indecorosa. Entre otras cosas, porque era un tipo inteligente y con sentido del pudor, virtudes de las que no anda sobrada su sucesora en el cargo. Conocido es lo osada que suele resultar la ignorancia.

Esperen que llegue a la Junta un gobierno participado por o dependiente de Vox y ya verán cuánto tarda de implantarse en Castilla y León el “pin parental”. Ya sé lo digo yo: en horas 48. Desgraciadamente, me da que no tardaremos mucho en comprobarlo.