Salamanca cuenta con una amplia oferta de alojamientos para los 35.000 universitarios que alberga cada curso. Una oferta que se verá exponencialmente incrementada para el próximo curso y el siguiente con la creación de otro millar de plazas en las tres residencias que se están construyendo y una cuarta en proyecto.
Hasta ahora operaba una treintena de residencias (muchas de ellas vinculadas a órdenes religiosas) y colegios mayores universitarios, aparte de las residencias familiares de menor tamaño.
Estas plazas, junto el mercado del alquiler de pisos compartidos, cubrían la demanda estudiantil en Salamanca sin problemas.
Ahora han irrumpido las empresas financiadas por fondos de inversión, preferentemente, que entran con una oferta agresiva en un mercado maduro.
La única que ya está lista para el próximo curso es la residencia Platina, nombre que delata su ubicación y que ofrece unas instalaciones a la última, como si fuera un hotel, con precios que oscilan entre 850 y 1.350 euros mensuales, con 260 habitaciones individuales y pensión completa. Pertenece al grupo Nexo Residencias que fue adquirido en 2017 por el fondo European Global Student Accommodation Fund (GSAF Euro), de GSA, en asociación con LaSalle Investment Management, que aportó la financiación de la deuda para comprarle el grupo a otro fondo.
Habrá otra en la calle Santiago Diego Madrazo, frente a la facultad de Ambientales (zona cementerio) con 300 plazas, y otra a punto de concluir su construcción en Cordel de Merinas, detrás del CSIC y frente al Rodríguez Fabrés, que cuenta con 400 plazas.
Hace unas semanas, llegó al pleno municipal otro proyecto que solo defendieron PP y Cs para calificar de interés público una nueva macroresidencia que estará junto a la Facultad de Derecho, al otro lado de carretera, que requerirá una inversión de 17 millones de euros, según se dijo en el pleno, y generará 100 empleos en dos años.
PP y Cs basaron el interés público del proyecto en la inversión y en alguna información periodística que se hizo eco del mismo. El concejal de Fomento, Daniel Llanos, del PP, dijo que “el interés público del proyecto se acredita por el solo hecho de querer implantar una residencia y la inversión, que es de interés para la ciudad”.
El concejal socialista Álvaro Antolín dijo que era preciso acreditar el interés general del proyecto sólidamente “y no con recortes de prensa, porque esto vale para una residencia y para eurovegas”. El edil socialista dijo que la normativa permite utilizar ese solar para levantar una residencia de estudiantes, pero “establece como condición para cambiar su volumetría que se justifique el interés general del proyecto que la empresa solo justifica con noticias periodísticas sobre un presunto aumento de la demanda” de estas plazas. “¿Hay demanda real como para cambiar los parámetros urbanísticos?”, se preguntó antes de advertir de que “corremos el riesgo de arruinar a las residencias familiares de toda la vida”.
Hasta ahora, se podían encontrara plazas a partir de 275 euros al mes (en habitación compartida y sin manutención) y lo más habitual, entre 600 y 800 euros. Eso ahora va a cambiar con las nuevas.
