Por encima del bien y del mal

PP Ayuntamiento de Salamanca se muestra reacio a cumplir las sentencias que les son desfavorables, convirtiéndolas en papel mojado. Ha pasado reiteradamente con el litigio sobre las irregularidades urbanísticas del Hotel Corona, y luego con la anulación de la adjudicación del contrato del autobús, que sigue explotando la empresa a la que se le hizo un traje a medida para que se lo llevara.

«Ya van 11 sentencias en contra del edificio que alberga el hotel Corona Sol, pero el PP y el Ayuntamiento que controla, no ha movido ni un dedo (salvo para entorpecerlo aún más), nada ha cambiado. ¿Cuánto más tiene que aguantar esta ciudad? ¿Y cuánto más tiene que aguantar los pobres vecinos de la calle Alarcón?», se preguntaban los vecinos de la Asociación de Vecinos tras el Muro (Avemur), afectados por el hotel Corona, después de que el TSJ de CyL desestimase el recurso de Palco III, la empresa propietaria del establecimiento, sobre otro fallo del tribunal superior regional que desestimaba otro recurso de la empresa en el que pedía la anulación del pleno municipal en el que se rechazo la modificación del plan general de ordenación urbana presuntamente acordada en 20217 entre el equipo de Gobierno en 2017 y la propia empresa.

En estos años, la justicia ha anulado la licencia ambiental, la de primera ocupación y la de inicio de actividad, pero pese a todo sigue abierto. Cualquier otro negocio o ciudadano corriente nunca habrían llegado tan lejos, porque el Ayuntamiento, primero no se habría implicado tanto quebrantando las normas urbanísticas o cualquier otra, y en todo caso lo habría multado convenientemente y cerrado el negocio mientras se esclarecen los hechos.

El pasado mes de febrero se dio otro nuevo giro en la historia, con otra dudosa actuación del equipo de Gobierno del PP con el sustento de los tres concejales contratados de Cs.

Mediante Decreto de Alcaldía de 21 de diciembre de 2020 y sin pasar por la correspondiente Comisión de Policía, el Ayuntamiento de Salamanca concedió la licencia ambiental al Hotel Corona Sol. Lo hizo agotando el plazo para ejecutar la sentencia que le obligaba a restaurar la legalidad del citado hotel.

En la licencia ambiental se impone a la propietaria del hotel, Palco-3, la obligación de recrecer una chimenea a una altura de 1 metro por encima de la cumbrera más alta en un radio de 10 metros.  Este problema, el de las chimeneas, es una de las reivindicaciones más acuciantes de los propietarios de viviendas que dan al patio del hotel dado que éstas se sitúan en el suelo del patio originando problemas por olores, calor y ruido. La chimenea que debe elevarse corresponde a una parte de la planta sótano 2. Nada se dice de las otras 5 chimeneas situadas en el patio que provienen de la otra parte del sótano 2 y del sótano 3º, así como de la cocina del supermercado situado en la planta baja del edificio, denunciaba Carmen Díez, concejala de Podemos.

La propia licencia ambiental concedida expone claramente que “la apertura al público del establecimiento y/o puesta en funcionamiento de la instalación sin realizar la comunicación de inicio de actividad en los términos expresados en la licencia, supone incumplimiento de las condiciones de la licencia, infracción que debe ser sancionada con multa y suspensión total o parcial de la actividad”.

Además, la licencia deja sin resolver otros problemas largamente reivindicadas por los vecinos y la asociación que los representa Avemur: que el hotel se encuentra fuera de ordenación urbanística, por lo que no debiera estar en funcionamiento y que no se aporta al expediente, tal como exige la sentencia condenatoria, un informe de medición de ruidos y calor emitidos por los 31 aparatos de climatización y bocas de ventilación que se encuentran situadas igualmente en el patio compartido con las viviendas situadas “tras el muro”. Y ello en cumplimiento de la Ley de Ruido de Castilla y León que exige un informe de una entidad de evaluación acústica que acredite el cumplimiento de los niveles establecidos legalmente.

En un reciente pleno, el concejal de Fomento, Daniel Llanos, y el contratado de Cs, Fernando Castaño, salieron en tromba contra el PSOE porque los socialistas denunciaron de nuevo que el hotel estaba fuera del ordenamiento jurídico. Ambos, perfectamente sincronizados, vinieron a llamar ignorantes a los dela oposición, porque no estaba fuera del ordenamiento jurídico, sino que solo había una «disconformidad con el ordenamiento jurídico».

El autobús

Otro desprecio olímpico por parte del ayuntamiento salmantino hacia una decisión judicial es la que concierne al contrato de adjudicación del servicio de autobús, que se anuló hace dos años por incluir cláusulas hechas a medida de la empresa que gestionaba el servicio y que a la postre se adjudicó la renovación de un contrato por 144 millones de euros y que hoy sigue en una situación irregular.

Recuerdan que ya han pasado más de dos años desde que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló el contrato de adjudicación del servicio público de transporte urbano de viajeros y, sin embargo, sigue sin acatar el mandato judicial y sin respetar el interés general de la ciudadanía salmantina. Desde entonces, el Ayuntamiento de Salamanca sigue sin ejecutar la sentencia firme emitida por el TSJCyL, «amparando una situación absolutamente irregular. La empresa que se benefició de la redacción fraudulenta y a la carta de los pliegos del contrato, que lo explota de manera ininterrumpida desde 2014, además, ahora se sigue beneficiando de que el PP, con la complicidad de Ciudadanos, se mueva cómodamente en el incumplimiento constante de las normas y retrase de manera intencionada el cumplimiento del mandato judicial, olvidando que los servicios públicos no pueden explotarse al margen de la legalidad», señala el PSOE.

En marzo de 2018, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL dio la razón al PSOE al anular el procedimiento de licitación y los pliegos de condiciones del contrato del servicio de autobús urbano, ya que establecía una cláusula que exigía disponer de un determinado número de autobuses propulsados a gas, “innecesaria e injustificada para poder participar en la convocatoria”.

En la práctica, tal y como afirmó la Justicia, suponía una clara posición de ventaja para la concesionaria que ya gestionaba el servicio desde hacía décadas, Salamanca de Transportes, a la que se ajustaban todos los requisitos exigidos para acreditar la solvencia técnica, “especialmente en un momento en que todavía no se había extendido la prestación del servicio con este tipo de autobuses, vulnerando los principios de libre competencia e igualdad de trato”, cuestión que ya apuntaron previamente los concejales socialistas al oponerse al pliego de condiciones presentado por García Carbayo, actual alcalde de Salamanca y concejal de Contratación en aquel momento.

En febrero de 2019, el Tribunal rechazó el recurso presentado por la empresa concesionaria y se confirmó la anulación definitiva del contrato adjudicado en 2014, que ascendía a 144 millones de euros, obligando al Ayuntamiento de Salamanca a volver a licitarlo y a cumplir la legalidad.

«Este revés judicial a uno de los mayores contratos municipales del tándem Carbayo-Mañueco, además de deslegitimar la gestión del equipo de Gobierno del PP, definió a la perfección su negligente forma de actuar al frente del Consistorio salmantino, al utilizar la contratación pública para defender el amiguismo frente al interés general y realizar contratos millonarios ad eternum y a medida de intereses particulares», indican los socialistas.