El escudo social del Gobierno llega a 16.931 salmantinos

El Gobierno de España ha movilizado en Castilla y León un total de 7.866 millones de euros desde el inicio de la pandemia para paliar los efectos de la crisis económica y social provocada por la sanitaria, según los últimos datos disponibles, de los cuáles, 3.361 millones son ayudas directas a las personas.

Esta cifra resulta de la suma de las prestaciones que paga el Servicio Público de Empleo Estatal (1.322 millones, de ellos 613,5 en ERTES y 245,3 a autónomos) y la nómina en Castilla y León del Ingreso Mínimo Vital, 48,5 millones más.

Este montante resulta de la suma de prestaciones del SEPE, incluidos desempleo y ERTEs, -932,8 millones-, prestaciones a autónomos, -195,6 millones- cantidades transferidas en concepto de Fondo de Alimentos, -1,8 millones-, Fondo Social Extraordinario, -17,7 millones-, fondos FEDER, -209,5 millones más-, los 385 millones correspondientes al modelo de financiación, y los distintos tramos del Fondo COVID, mediante el que han llegado a la Comunidad Autónoma un total de 843,4 millones de euros, a disposición de la Junta de Castilla y León, que, además, no deben reembolsarse.

En Salamanca, 14.061 asalariados y 2.870 autónomos salmantinos recibieron algún tipo de prestación social en el último mes. Además, 4.392 empresas se han acogido a los créditos ICO.

ERTES. En Salamanca, desde el inicio de la pandemia y hasta el 30 de septiembre, el 79,7% de los trabajadores afectados por un ERTE se habían incorporado al mercado laboral (llegando a ser 17.726 el 30 de abril). Las nuevas restricciones provocadas por las posteriores olas del COVID-19, han hecho que el número de trabajadores en ERTE a 28 de febrero, se sitúe en 6.050 personas, 2.447 más que a finales de septiembre.

SEPE. En enero, un total de 14.061 trabajadores salmantinos percibieron algún tipo de prestación social por parte del SEPE (ERTE, desempleo, etc.), por un importe total de 14,8 millones de euros. De ellos, 6.893 eran trabajadores acogidos a un ERTE, lo que suponen un total de 3,2 millones de euros. Desde abril de 2020, el gasto acumulado en prestaciones sociales ha supuesto 184,7 millones de euros (de los cuales, 67,2 corresponden a ERTES), 84,6 millones más que en el mismo periodo del año pasado.

AUTÓNOMOS. Desde el inicio de la crisis y hasta el 30 de septiembre, 12.354 autónomos recibieron algún tipo de prestación. A partir del 1 de octubre han entrado en vigor nuevas modalidades de prestaciones para autónomos: compatibles con la actividad, por cese o limitación temporal de actividad o por bajos ingresos; 2.870 autónomos salmantinos han recibido alguna de estas prestaciones.

AVALES ICO. A 28 de febrero, en Salamanca se han aprobado 7.230 operaciones, que afectan a 4.392 empresas, por un importe avalado de 547 millones de euros (0,6% del total) y una financiación total de 706,2 millones.

Prestaciones

Las cifras disponibles a fecha 30 de noviembre, que recogen datos actualizados en los meses de septiembre y octubre, incrementan sustancialmente las cantidades destinadas a los trabajadores y ciudadanos castellanos y leoneses del anterior balance.

Así, en septiembre, último mes cerrado en cuanto a prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), un total de 91.516 trabajadores castellanos y leoneses percibieron algún tipo de prestación (ERTE, desempleo, etc.), por un importe total de 92,9 millones de euros.

De ellos, 40.920 eran trabajadores acogidos a un ERTE, lo que supone un total de 20,5 millones de euros. Desde abril, el gasto acumulado en prestaciones sociales ha supuesto 932,8 millones de euros (de los cuales, 396,6 corresponden a ERTEs), 557,3 millones más que en el mismo periodo del año pasado.

Con respecto a los ERTEs, en Castilla y León, el 88% de los trabajadores afectados por uno de estos expedientes de regulación temporal de empleo desde el inicio de la pandemia se han reincorporado ya al mercado laboral.

De los 145.505 afectados a 30 de abril, el peor momento de la crisis en el conjunto de España, quedan 16.952 trabajadores en ERTE a 31 de octubre. Estos datos no incluyen la nueva figura de ERTE del RDL 30/2020 de 30 de septiembre de 2020.

Por otro lado, desde el inicio de la crisis, 84.617 autónomos han recibido algún tipo de prestación. De ellas, 75.505 corresponden a las prestaciones extraordinarias por cese de actividad vigente hasta el 30 de junio. Desde esta fecha hasta el 31 de octubre, 9.112 autónomos han recibido alguna prestación compatible con la actividad (incluyendo los autónomos de temporada).

Derechos sociales

Con respecto a los derechos sociales, a Castilla y León le corresponden 17,7 millones de euros del Fondo Social Extraordinario (5,9% del total) para minimizar el impacto social de la pandemia.

La Comunidad ha dispuesto de 1,8 millones de becas comedor que han dado cobertura a 8.000 familias. Se ha prorrogado la moratoria para el pago de alquileres hasta el 31 de enero de 2021 y se han extendido los supuestos para beneficiarse del bono social en el suministro eléctrico hasta el 30 de junio de 2021.

Otras ayudas

A todo ello, habría que añadir los 4.080,5 millones de euros en préstamos ICO. A este respecto, a 15 de noviembre, en Castilla y León se han aprobado 44.141 operaciones, que afectan a 28.688 empresas, por un importe avalado de 3.162,2 millones de euros (3,9% del total) y una financiación total de 4.080,5 millones.

Por otro lado, la Comunidad podrá destinar a gasto sanitario 209,5 millones de euros de Fondos FEDER (3,7% del total nacional).

Y por último, Castilla y León ha recibido un total de 843,4 millones de euros procedentes del Fondo COVID-19, no reembolsables, siguiendo criterios objetivos y cuantificables relacionados con el impacto de la pandemia: 544,8 millones (el 6,1% de los 9.000 del primer y segundo tramo -gasto sanitario-), 84 millones (el 4,2% de los 2.000 del tercer tramo -gasto educación-) y 214,6 millones (el 4,3% de los 5.000 del cuarto tramo -compensación de ingresos por caída de actividad-).

El delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, que presentó los datos este lunes en Valladolid, reiteró que todo ello es la prueba fehaciente de que el Gobierno de España “no sólo no se ha echado a un lado, como algunos sugieren, sino que sigue sosteniendo en lo posible el empleo y los derechos sociales con cantidades históricas para Castilla y León, y respondiendo desde el inicio de la pandemia a las necesidades que ha provocado la crisis de la COVID entre la ciudadanía y las empresas de esta tierra”.