El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, aseguró este jueves en Valladolid que no es momento de «cuestionar» las ayudas sino de sumar entre administraciones, por lo que recordó el compromiso del vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, de aportar 70 millones de euros en ayudas directas a las empresas de los sectores más afectados por la pandemia del COVID.
Ical.- Durante una rueda de prensa para recopilar los fondos económicos que ha destinado el Gobierno de España a Castilla y León durante la pandemia, señaló que Igea habló en su día de un plan de choque, con ayudas directas para los sectores más afectados, que contemplaba un reparto del 50 por ciento del Estado, el 35 por ciento a cargo de la Junta y el 15 por ciento restante correspondería a los ayuntamientos. «Estará bien que ese guante que puso sobre la mesa el señor Igea se plasme ahora con esa proporción y se concreten las cantidades», declaró.
De esta manera, Izquierdo apuntó que eso significará que por cada cien millones que le lleguen a Castilla y León en ayudas directas para las empresas a través del fondo aprobado por el Gobierno, la Junta debería aportar, «a mayores», 70 millones. «Sería un respaldo importante a las ayudas puestas en marcha por el Gobierno», aseveró.
El delegado del Gobierno recordó, según recogió la Agencia Ical, que el real decreto ley, aprobado por el Consejo de Ministros, hace unos días establece las ayudas para pymes y autónomos y que está dotado de 11.000 millones de euros. De ese montante, precisó que 7.000 millones son para ayudas directas que van a gestionar las comunidades autónomas.
Los 7.000 millones de euros se repartirán entre los 2.000 que recibirán las comunidades de Baleares y Canarias, por el fuerte peso de la actividad turística, y los otros 5.000 millones de euros se distribuirán, tal y como declaró Izquierdo, con arreglo a los criterios del Fondo de Reactivación React.
Izquierdo aseguró que de los 7.866 millones de euros que ha destinado el Gobierno de España a Castilla y León para paliar los efectos sociales y económicos derivados de la crisis sanitaria del COVID, un total de 3.361 millones fueron ayudas directas, de los que 1.745 millones llegaron a la Junta de Castilla y León, que luego es la administración encargada de fijar el destino de ese dinero. En este sentido, reclamó al Ejecutivo autonómico un ejercicio de «transparencia» para conocer cómo se gastan estos recursos que llegan del Gobierno central.
El delegado del Gobierno detalló el reparto de estos 3.361 millones a la Junta, entre los 843 millones del Fondo COVID; 335 millones del Fondo React de la Unión Europea; 27,6 millones del Plan de choque de dependencia; 17,3 de millones de medidas económicas extraordinarias; 17,7 millones del Fondo Social Europeo; 1,8 millones del Fondo de garantía de Alimentos para los niños que tenían beca de comedor, a los que se garantizó su alimentación pese al cierre de los colegios; 117,3 millones del Feder que se permitió destinar al gasto sanitario y 385 millones de euros del modelo de financiación, al mantenerse las aportaciones comprometidas inicialmente con la Comunidad.
Criterios de solidaridad
Preguntado por las críticas de la Junta sobre el reparto de los fondos que provienen del Estado, Javier Izquierdo subrayó que cada uno se distribuye con unos determinados criterios de solidaridad e incluso marcados por la Unión Europea, como ha ocurrido con el React, en base a la caída del Producto Interior Bruto (PIB) en cada comunidad, como consecuencia de la pandemia, y del incremento de la tasa de paro general y juvenil.
En todo caso, el delegado del Gobierno aseguró que Castilla y León salió más beneficiada con el reparto del Fondo COVID, ya que le correspondió algo más del cinco por ciento de la población que representa en el país. «De esos 843 millones también se quejaron pese a que era más dinero del que correspondía por el número de habitantes», declaró. También, citó los 27,6 millones de euros del Plan de choque de la dependencia, que supone más del 9 por ciento del total de ese fondo. «Espero no escuchar de la Junta que esta cifra también es insuficiente», significó.
Javier Izquierdo manifestó que Castilla y León es un territorio con población envejecida y muchas personas dependientes, por lo que en algunos fondos recibe más que lo que correspondería por la cifra de habitantes mientras que en otros repartos es inferior. «Afortunadamente, la caída de la actividad económica aquí ha sido menor que en otras comunidades», concluyó.
