El pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó este miércoles el proyecto de ley que contempla tanto en la modalidad de sucesiones como de donaciones una bonificación del 99 por 100 de la cuota íntegra entre familiares directos, lo que supone en la práctica su eliminación, como un compromiso de gobierno de PP y Cs con cuya supresión creen que se reactivará la economía y se generará empleo. Este impuesto solo lo pagan los grandes patrimonios con herencias de más de 400.000 euros por beneficiario. Con su supresión, que afecta al 0,6% de los ciudadanos, la Junta dejará a de recaudar 35 millones anuales, justo ahora que es cuando más apoyo público necesitarán familias y empresas.
Ical.- En el debate, se contrapusieron el modelo fiscal del PP, defendido en el pleno por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, y también por su socio naranja de Ciudadanos Miguel Ángel González y el de la izquierda de PSOE y Podemos, quienes criticaron que se beneficie a los ricos.
La supresión en la práctica de este tributo recibió el voto a favor de Vox, UPL y Por Ávila, 43 de los 81 procuradores, y en contra de PSOE y Podemos, a los que se unió la procuradora no adscrita, María Montero, favorable a su eliminación pero no en este momento de emergencia económica y sanitaria, en que se dejarán de recaudar 35 millones al año.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, asumió en nombre del Gobierno la presentación del texto ante el plenario, aseguró que la supresión beneficia a la sociedad en general y favorece el relevo generacional en negocios y explotaciones agrarias, y anunció que no será la única bajada de impuestos porque se avanzará en la fiscalidad rural.
La supresión en la práctica de este tributo, una vez publicado en el Bocyl, motivó un encendido debate entre la socialista Rosa Rubio y el popular Raúl de la Hoz. Para la primera, el modelo de los socios de Gobierno es beneficiar a los ricos en detrimento de los servicios públicos, mientras que el segundo acusó a “la izquierda radical” de querer que Castilla y León tenga la tributación más alta en sucesiones y donaciones.
En la defensa de cinco enmiendas vivas al pleno, la socialista Rosa Rubio, que dudó que llegue a 15.000 personas, defendió un modelo fiscal progresivo, insistió en que el texto remitido a las Cortes solo beneficia a los más ricos y censuró que el PPCyL apoya lo que ocurre en Madrid, donde se refirió a una supuesta simulación del marido de Esperanza Aguirre en el impuesto de donaciones, alusión afeada desde la bancada ‘popular’.
Rubio acusó a la Junta de mentir por decir que beneficia a transmisiones de empresas, explotaciones agrarias o la extensión a parejas de hecho cuando eso ya existe y enumeró algunos casos con un gravamen cero, dado que en Castilla y León están exentos de este impuesto las herencias individuales de hasta 400.000 euros.
