El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este lunes que las comunidades autónomas disponen del ámbito normativo “suficiente y necesario” para hacer frente a la pandemia una vez que ha decaído el estado de alarma, medida que justificó dado el menor impacto de la covid y ante una situación epidemiológica que “no es la de octubre”. Igea responde al Gobierno que “nunca es tarde” para reformar la ley ante el fin del estado de alarma.
Ical.- En una rueda de prensa en Valladolid, donde presentó campaña sobre la aplicación de nuevos límites de velocidad en ciudades, el titular de Interior recalcó que la lucha contra la pandemia se encuentra en una situación “razonablemente satisfactoria” gracias al esfuerzo de los sanitarios, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la ciudadanía en general, así como al desarrollo de un sistema de vacunación que ya está permitiendo comenzará a inmunizar a la población de entre 50 y 59 años.
A su vez, Marlaska recordó que las autonomías pueden recurrir al Supremo en caso de que los tribunales superiores tumben sus medidas y apuntó que el papel del Alto Tribunal será el de “unificar criterios” a escala nacional. “No le pedimos que haga de Gobierno ni de legislador, sino de interprete del marco normativo vigente”, explicó.
Al mismo tiempo, también indicó que, a través del Consejo Interterritorial de Salud, las comunidades continuarán contando con el apoyo del Gobierno, que en los últimos catorce meses ha estado trabajando en medidas legislativas, sociales y económicas necesarias “para garantizar la salud pública”. A su vez, el ministro también recordó que en su día hubo comunidades y partidos políticos que se opusieron al estado de alarma y argumentaron, “en contra de la realidad”, que el Gobierno estaba conculcando la libertad de todos “sin ninguna finalidad”.
Nunca es tarde
El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, aseguró, por su parte, que “nunca es tarde” ante la posibilidad de que el Gobierno retome la reforma de la legislación si el Tribunal Supremo no ratifica las restricciones contra el COVID-19 de las comunidades autónomas.
Igea, que presentó en Madrid el Festival Internacional de la Literatura en Español (FILE), respondió así a la idea que plantea el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una tribuna publica en El País, en la que avanza que el Gobierno reformará la legislación si el Tribunal Supremo veta los decretos de algunas autonomías para mantener el toque de queda o los confinamientos. A la vez, recuerda que los presidentes autonómicos pueden pedir al Gobierno que apruebe decretos de alarma solo para sus territorios.
“Es un buen momento para despertarse de la siesta”, afirmó el vicepresidente de Castilla y León, quien criticó que el Ejecutivo no haya cumplido el compromiso asumido con Ciudadanos hace 15 meses, cuando apoyó la prórroga del estado de alarma, de iniciar las reformas necesarias para contar con instrumentos legales para no tener que recurrir a esta figura constitucional.
Asimismo, Igea repitió que si el Tribunal Supremo avala las restricciones de las comunidades que han recurrido el fallo en contra de sus tribunales superiores analizarán si adoptan alguna medida. “Lo veremos, a ver que ocurre”, dijo. Además, insistió en que en octubre la Junta estableció un toque de queda que no ratificó la justicia al no estar vigente el estado de alarma y en enero, cuando se amplió dos horas, el Supremo tampoco lo avaló, a pesar de que la situación era “peor”.
De esta forma, el vicepresidente aseguró que la Junta no puede dictar normas sabiendo que la justicia les ha dicho que no lo pueden hacer, porque aseguró que eso tiene un nombre, que es la prevaricación. Además, negó que una comunidad pueda solicitar el estado de alarma, porque indicó que está previsto cuando la amenaza o la situación de riesgo afecta solo al interior de su territorio, mientras ahora nueve autonomías tienen una incidencia muy alta.
Por tanto, Igea apuntó que el Gobierno de España “tiene que gobernar”, asumir “responsabilidades” y el “coste” de medidas impopulares, porque indicó que quien no lo hace es un “irresponsable”. Además, aseguró que el país tiene que entender que lo que no puede ser es que el Ejecutivo central sucontrate la labor de gobierno a las comunidades autónomas o al Tribunal Supremo. “El Gobierno tiene que gobernar”, sentenció en declaraciones a la prensa.