El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley que garantiza los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. El texto da rango legal al acuerdo alcanzado el 10 de marzo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales y empresariales en una mesa de Diálogo Social.
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado que la norma modifica el Estatuto de los Trabajadores y determina que aquellos que desempeñan su trabajo de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o mercancía a través de las plataformas digitales son laborales. «Tienen derechos de organización, sindicación, de protección social, de cotizaciones y salariales», ha precisado.
Además, el documento recoge que la empresa tendrá que informar a los representantes de los trabajadores en el entorno laboral digitalizado de las reglas en las que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que puedan incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo.
Al respecto, Yolanda Díaz ha anunciado la creación de un grupo de expertos que estudiará el uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos en las relaciones laborales para evitar sesgos. «Los trabajadores tenemos derecho a saber cuáles son las razones que motivan ciertas decisiones empresariales», ha dicho.
La vicepresidenta ha reiterado que, con esta norma, el Ejecutivo acepta los cambios tecnológicos sin miedo, protegiendo los derechos de los más vulnerables, y asumiendo el gobierno de la transición tecnológica. España, ha sostenido, se coloca a la vanguardia de la legislación internacional en este ámbito: «No hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esta materia».
Díaz ha agradecido la colaboración de los agentes sociales por su valentía y su colaboración para llegar a un acuerdo sobre un tema tan complejo. Asimismo, ha destacado la labor de la Inspección de Trabajo que ha permitido «laboralizar» a 16.794 personas, lo que supone un impacto económico, en términos de recaudación social, de 29 millones de euros.
