Si la negociación secreta emprendida con Vox llega a buen término, el PP seguramente conseguirá evitar de nuevo la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre los fatales efectos de la pandemia (4.062 muertos) en las residencias de ancianos de Castilla y León. Es verdad que para ello la procuradora de la formación ultraderechista, Fátima Pinacho, tendrá que oponerse a una comisión que su partido y ella misma han venido reclamando, pero a estas alturas tampoco íbamos a extrañarnos de una impostura de esa naturaleza.
Lo que no han podido evitar PP y Ciudadanos es que el PSOE haya aprovechado la pérdida de la mayoría parlamentaria del bloque gobernante para hacerse con la presidencia de dos de las tres comisiones de investigación que ya estaban abiertas. La de la Perla Negra, la trama eólica y demás pufos asociados a la anterior consejería de Economía ha cobrado otra dinámica bajo la presidencia de Ana Sánchez. Y tras no sé cuantos meses paralizada, ayer reanudó las comparecencias con una que ha permitido al grupo socialista reafirmar que bajo el mandato de Juan Vicente Herrera esta comunidad llegó a ser conocida como “Sicilia y León”, expresión atribuida en el Informe de la Fiscalía Anticorrupción a empresarios promotores de parques eólicos que se sintieron “extorsionados” por los más altos responsable de la consejería de Economía.
La declaración de José María González Vélez, forzado a ceder parte de su negocio a otro empresario en la órbita personal del entonces consejero, corroboró el “modus operandi” para beneficiar a amigos y afines en la adjudicación de los parques. Y lo peor para el PP es la intención de los socialistas de obligar a comparecer de nuevo -esta vez sin red- al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, cuando autos secretario regional del PP, y al actual consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, uno de los ex consejeros de Medio Ambiente que acompasaron los preceptivos informes de impacto ambiental sobre los proyectos eólicos.
Por si fuera poco, en la misma jornada de ayer la socialista Rosa Rubio se hizo con la presidencia de la comisión sobre los Planes de Medios (la Publicidad Institucional), en la que a priori no tenían mayor interés, ya que fue creada por empeño personal del proceloso Francisco Igea, impulsado por espurios intereses a los que después ha renunciado. Sin embargo, una vez que la comisión ha caído bajo su control, el PSOE se dispone a poner el foco en el clientelismo mediático perpetrado por la Junta en la pasada Legislatura, que es exactamente el mismo que viene practicando en la actual, en la que se mantiene tal cual el uso discrecional y arbitrario de la “chequera mediática”.