¿Cómo es posible que el Cuerpo Nacional de Policía estuviera durante casi 5 años en manos de un director general que no se enteraba de que sus subordinados espiaban ilegalmente al extesorero nacional del PP y lo hacían además utilizando fondos reservados del ministerio del Interior? De resultar verosímil dicha situación, sería como para echarse las manos a la cabeza.
Pero Ignacio Cosidó, director general de la Policía entre enero de 2012 y noviembre de 2016, ha preferido pasar como un soberano inepto antes que reconocer ante la comisión del Congreso que investiga el “caso Kitchen” su responsabilidad en la operación montada por la “policía patriótica” para arrebatar a Luis Bárcenas las pruebas que decía tener sobre la financiación ilegal del PP. Cosidó asegura que nunca conoció ni tuvo trato con el inefable comisario Villarejo, que participó directamente en ese espionaje y quien la pasada semana le señaló como responsable directo de la operación.
Lo que no pudo decir Cosidó es que no conocía de nada a Eugenio del Pino, su ex director adjunto operativo, procesado por el juez instructor de la causa abierta en la Audiencia Nacional. Y Del Pino no ha dejado lugar a dudas en su declaración ante el juez García Castellón: “Cosidó lo sabía todo, yo despachaba con él”. A partir de ahí no se entiende que el exdirector general de la Policía todavía no haya sido llamado a declarar por el juez, que a su vez tiene imputado al ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, su inmediato superior jerárquico en la cadena de mando dirigida por el exministro Jorge Fernández.
No tiene claro “El topillo” si la recolocación de Cosidó, el “amigo Nacho”, como asesor del presidente de la Junta desde septiembre de 2019, fue iniciativa del propio Alfonso Fernández Mañueco o inducida por Pablo Casado, quien prescindió de él como portavoz del PP del Senado para sustituirle por Javier Maroto, previamente designado, a instancias de Génova y con el vergonzante respaldo de los procuradores de Ciudadanos, senador por Castilla y León.
Pero consta que el aterrizaje de Cosidó como senador autonómico (diciembre de 2016) respondió a una imposición de Mariano Rajoy, quien quiso agradecerle con ello los “servicios prestados” durante su etapa al frente de la Policía. Convocadas las elecciones generales de diciembre de 2015, se produjo un extraño movimiento consistente en que la entonces senadora autonómica Mar Angulo renunció a su escaño para optar a otro en representación de la provincia de Soria. La explicación era que Rajoy había ordenado al entonces presidente del PP de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que le fuera reservado un escaño de senador por la comunidad a Cosidó ya que tenía previsto renovar el equipo de Interior en la siguiente Legislatura.
La Legislatura resultó fallida y llevó a una repetición de las elecciones generales en junio de 2016, demorándose la formación del nuevo gobierno hasta noviembre de ese año, momento en el que Cosidó fue relevado como director general de la Policía para ser elegido a continuación senador autonómico por Castilla y León. Como quiera que Herrera acató sin rechistar la orden de Rajoy, el resultado fue que la vacante dejada por la senadora Angulo tardó más de un año en cubrirse, periodo en el que la comunidad autónoma careció de uno de sus tres representantes en el Senado.
El episodio prueba lo mucho que tenía que agradecerle el entonces presidente del Gobierno a ese director general de la Policía que ayer se hizo pasar por un inepto que no se enteraba de nada. Como un espía sordomudo.
