La concejala de Podemos y el grupo municipal socialista presentan conjuntamente, en el Pleno de este viernes, una moción para que el Ayuntamiento elabore un Inventario de inmuebles públicos y privados que contengan amianto o sean susceptibles de contenerlo.
El amianto es un mineral cuya exposición a los ciudadanos es altamente tóxica y causa cáncer de pulmón, después de un largo período de latencia, como así determina la Organización Mundial de la Salud, sin que exista nivel mínimo de exposición segura. Lo que lamentablemente, ha causado muchas muertes, y seguirá causando.
El uso del amianto quedó totalmente prohibido en la unión Europea desde 2005. En el caso de España, fue a partir de diciembre de 2001, cuando un orden ministerial sobre sustancias y preparados peligrosos prohibió la utilización, producción y comercialización de productos que contengan amianto. Esta prohibición ha eliminado una importante fuente de riesgo, pero no ha significado que el amianto haya desaparecido de nuestras ciudades y sigue siendo un problema de salud pública, medioambiental y laboral, del pasado, presente y futuro que afecta gravemente a nuestra sociedad.
Según consta en informes de Ecologista en Acción, la gran mayoría del amianto instalado entre los años 1960 y 2000, ya ha finalizado su vida útil (30 – 35 años de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo) y por lo tanto, se encuentra en estado de degradación, con la correspondiente liberación de partículas de amianto al medioambiente, al estar más del 65 % del amianto instalado con una vida útil ya finalizada, en el 2030 lo habrá hecho el 87 %, y en el 2040 el 100 %.
Otro aspecto que nos preocupa es la posible presencia de elementos fabricados con fibrocemento en los Centros Municipales y de manera especial en Colegios y Hospitales, entre otros.
Ante el riesgo evidente para la salud y la predisposición constante de los vecinos al amianto, el Ayuntamiento, como institución más cercana al ciudadano, debe tener un papel más activo en este asunto y máxime cuando en el texto del proyecto de Ley de Residuos y Suelo Contaminados, remitido recientemente a las Cortes, se incluye en la disposición adicional 14ª que “antes del 1 de enero de 2023, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto. Dicho censo, que tendrá carácter público, será remitido a las autoridades sanitarias y medioambientales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a gestor autorizado”.
Asimismo, solicitarán que el Ayuntamiento elabore un plan de intervención para la sustitución de componentes de fibrocemento en los edificios públicos del municipio.
