La Junta de Castilla y León acordó este jueves, mediante la aprobación de un decreto ley, la suspensión -durante dos años o la entrada en vigor de la nueva normativa- de la solicitud de licencias de apertura de salones de juego y casas de apuestas hasta contar con una Ley de Juego «más rígida» en la Comunidad. La entrada en vigor de esta suspensión será efectiva a partir de mañana viernes con la publicación del decreto del Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), aunque que tendrá que ser refrendado en las Cortes en el previsible Pleno del 22 y 23 de junio.
Ical.- El Ejecutivo autonómico consideró «urgente» adoptar una medida que suspenda temporalmente las nuevas solicitudes que se presenten para el otorgamiento de autorizaciones de instalación de los salones de juego y de las casas de apuestas par atender «sin demora» a la protección de los derechos de los consumidores, la seguridad y salud de los consumidores, con especial atención a los menores y a los colectivos de jugadores que puedan requerir una especial atención, el orden público, la seguridad pública y la protección pública, y la lucha contra el fraude.
Por lo tanto, el objetivo de esta moratoria es evitar que se vea «frustrada» o quedara «desvirtuada» la futura regulación debido a un incremento excesivo de solicitudes para este tipo de establecimientos. Incluso, se busca eludir posibles acciones «especulativas» que se podrían impulsar durante la tramitación del proyecto de ley.
Además, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, apuntó que es necesario hacerlo compatible con la seguridad jurídica que necesita el sector, que se ha visto afectado por la crisis derivada de la pandemia del COVID. Y es que recordó que se trata de un sector empresarial que genera 2.000 empleos directos y del que dependen 450 empresas en la Comunidad
Ibáñez consideró, según recogió la Agencia Ical, que, con la aprobación del decreto ley, la Junta da respuesta a una «creciente» preocupación social debido al incremento de los salones de juego y las denuncias sobre el aumento de los problemas de adicción que se ha producido desde la entrada en vigor del Reglamento regulador de las apuestas en la Comunidad, aprobado por Decreto 53/2014, de 23 de octubre, debido a la instalación de las denominadas zonas o córneres de apuestas dentro de estos establecimientos. «Es necesario abordar la realidad social de un sector que ha cambiado vertiginosamente en los últimos años”, reiteró.
131 salones
No en vano, expuso que las autorizaciones de instalación de salones de juego y de casas de apuestas pasaron de 47 salones de juego existentes en 2015 a 131 salones de juego a fecha actual y de tres casas de apuestas existentes en 2015 a 19 casas de apuestas a fecha actual. Además, se encuentran en tramitación cinco expedientes de solicitud de autorización de instalación de salones de juego en la Comunidad, que no se podrán paralizar por que el decreto no tiene efectos retroactivos. «Su aprobación o no dependerá de lo que determinen los servicios técnicos», preciso el consejero.
El consejero justificó, según Ical, la decisión de la Junta de aprobar esta suspensión a través de la figura de decreto ley por un tema de urgencia hasta contar con una normativa «más rígida» pero también al señalar que la suspensión de la vigencia de varios artículos de la ley reguladora del juego solo se puede hacer con una norma con rango de ley y así evitar problemas jurídicos.
En todo caso, dejó claro que el decreto ley deberá ser convalidado en las Cortes en unas semanas, por lo que se posibilitará que todos los grupos parlamentarios puedan postularse ante esta medida que la Junta considera «muy necesaria» en este momento. En este sentido, manifestó que ayer habló con los representantes de todos los grupos parlamentarios para avanzarles esta medida. «Esperamos contar con su apoyo en una medida que la sociedad que demanda», aseveró.
Ángel Ibáñez recordó que uno de los compromisos de esta legislatura era modificar la actual normativa sobre juego y apuestas en la Comunidad, para lo que la Consejería de Presidencia emprendió estudios previos para elaborar el proyecto de ley de modificación de la actual ley que data de 1998.
Juego responsable
Una nueva ley que, precisó, estará basada en cuatro pilares como el impulso de las políticas de juego responsable, la protección de los consumidores (sobre todo, los menores de edad y los colectivos más vulnerables o que presenten conductas compulsivas ante el juego y las apuestas), la lucha contra el fraude y la necesidad de dar seguridad jurídica a un sector económico y empresarial, para respetar sus legítimos intereses.
