Unos 1.900 trabajadores del sector de las ambulancias de Castilla y León están llamados a una jornada de huelga el próximo viernes, 18 de junio, ante el bloqueo del convenio colectivo, tras tres años de negociación, y para exigir a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que deje de “lavarse las manos” y se involucre para alcanzar un acuerdo.
ICAL. Los salarios y la jornada están en la base del conflicto, ya que se trata de los empleados «peor pagados» entre las autonomías españolas, que sufren congelación desde 2012, y hacen más de 200 horas extras al año en el caso de las emergencias.
CCOO, UGT y CSIF convocan esta protesta a la que se suma también USAE, y celebrarán una manifestación por las calle de Valladolid, que concluirá frente a la sede de la Consejería de Sanidad, para que intervenga en un “problema grave” para una actividad que está en la primera línea de la atención sanitaria.
El asesor de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-CyL en este conflicto, Juan Carlos Cáceres; el secretario regional de Sanidad de UGT-CyL, Miguel Holguín, y el representante de CISF Rafael Pérez, presentaron las movilizaciones, tras el fracaso de la intermediación del Serla, entre las partes durante la jornada de ayer.
Los representantes sindicales advirtieron de que proseguirán con las movilizaciones sino se atiende a sus reivindicaciones para ajustar las jornadas a las 1.800 horas del convenio y elevar los salarios hasta el 90 por ciento de la media para el sector, que supondría para un técnico pasar de 1.082 a 1.280 euros.
Carlos Cáceres denunció que la patronal “sigue inamovible” en sus posiciones con una “propuesta raquítica” de una subida salarial del uno por ciento desde la firma y una subida mayor cuando se firme la nueva adjudicación del servicio a partir de julio de 2022. Es decir, asumirían el esfuerzo con la nueva legislación, no con los beneficios que han obtenido todos estos años, de congelación salarial, mientras se elevaban las partidas presupuestarias y sus ingresos.
En cuanto a la jornada, indicó que están dispuestos a que se vaya reduciendo de forma paulatina desde las 83-84 guardias actuales, que suponen unas 2.000 horas, hasta las 74 en 2026 que corresponden a las 1.800 horas anuales del convenio, porque entienden que para lograrlo hay que elevar la contratación y el coste de las horas extras es elevado. “No quieren realizar el esfuerzo ni de un lado ni de otro”, lamentó.
Negociación con un intermediario
Miguel Holguín criticó duramente a la Consejería de Sanidad, que debería estar en las mesas, porque la empresa “negocia con dinero público” que ya sabe que se le va a conceder. “Negociamos con un intermediario cuando realmente es Sanidad la que pone el dinero”, dijo, para lamentar que no haya contestado a sus demandas de reunión, cuando hablan de “dignificar a los trabajadores y el propio servicio de transporte sanitario y optimizar recursos”.
Holguín también afirmó que sospechan que los beneficios que se están obteniendo en Castilla y León, los está destinando la patronal a pagar deudas en otras autonomías, donde si se han suscrito acuerdos similares a los que demandan en la Comunidad.
El representante de CISF Rafael Pérez insistió en que es la Administración regional “en última instancia” la subsidiaria de estos servicios y lamentó que se haya considerado a estos trabajadores “imprescindibles” durante la pandemia y “en lo económico son los olvidados por la Junta y la empresa”. Estos sindicatos llamaron al resto de organizaciones con representación en el sector a sumarse a su convocatoria.
