Las personas que se concentraron para reclamar, una vez más, el cumplimiento de la ley y la aplicación inmediata del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, tuvieron un recuerdo para la mujer apuñalada en Doñinos, que se encuentra en la UCI del hospital de Salamanca, y para la mujer asesinada en Valladolid. Después vinieron las reivindicaciones, pero lo primero expresar la sinrazón de la violencia contra las mujeres
Han pasado ya más de 30 años de la despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y más de 11 años de la promulgación de la actual Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ampara el derecho a las mujeres a abortar libremente. Sin embargo, todavía hoy en día hay que seguir en la lucha y seguir denunciando que este derecho se ve conculcado de manera generalizada, y especialmente en Castilla y León, «donde el ejercicio del mismo se ve penalizado por la actuación de los gestores de los servicios sanitarios públicos al impedir que se lleve a cabo en los hospitales públicos pese a estar incluido dentro de la cartera de servicios del Sacyl», exponen desde el Movimiento Feminista de Salamanca.
En Salamanca, al igual que en muchas ciudades españolas, no se cumple la ley. Las mujeres que desean ejercer este derecho deben desplazarse a otra provincia o, en el caso de que la IVE sea por motivos de enfermedad o malformación, a otra comunidad, y siempre en clínicas privadas.
«El sistema público nos falla una vez más por el hecho de ser mujeres. «Los altos cargos de las administraciones se esconden tras el derecho de los sanitarios a la objeción de conciencia y en esta línea nos ha respondido el director de Asistencia Sanitaria del Sacyl y el Procurador del Común de Castilla y León a las denuncias registradas por el Movimiento Feminista de Salamanca (MFS)», apuntan.
Sin embargo, las sanitarias y sanitarios que ejercen en el hospital de Salamanca no se han acogido a la objeción de conciencia en la forma que se explicita en la Ley: Siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito (artículo 19).
Simplemente, como nunca se ha entendido que esta intervención deba ser prestada por el sistema público, no es necesario ni plantearlo. El MFS ha solicitado una reunión con la jefa de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario para conocer la situación real y comentar la posibilidad de que se revierta esta situación.
El Movimientos Feminista de Salamanca se pregunta: ¿dónde quedan los derechos de las mujeres? ¿Acaso el derecho a nuestra salud, tanto física como psicológica, está por debajo de las objeciones ideológicas de unos cuantos? «Estamos desprotegidas y seguimos siendo criminalizadas por ejercer un derecho que se ha reconocido por ley. Sigue sin respetarse nuestra decisión de elegir si ser madres o no, por cuales quiera que sean los motivos que nos llevan a tomar esa decisión».
Los Movimientos Feministas se une para exigir que en todos los parlamentos autonómicos se presenten mociones urgentes para acabar con el maltrato institucional que obliga a abortar lejos y solas, a cientos de kilómetros de nuestros hogares, «en centros privados que no garantizan nuestra salud ni física ni psicológica».
«Obstaculizan el derecho a la libre elección con el castigo de expulsarnos a clínicas privadas; nos alejan de nuestros hogares como si fuera un hecho ilícito, y hacen que todo sea más gravoso tanto económicamente como exponiéndonos a más riesgos», denuncian.
«De esta manera pretenden que desistamos de nuestra decisión. Exigimos que existan registros de facultativos o facultativas, médicas o médicos, sanitarias o sanitarios objetores de conciencia, como la ley indica, y que se procuren alternativas que garanticen que seamos atendidas en el hospital de referencia público al que pertenecemos», puntualizan.
Asimismo, exigen al Gobierno de España máxima celeridad en la respuesta a las preguntas presentadas en el Congreso para conocer las medidas que va a tomar para garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y que las adopte con carácter de urgencia.
También a los gobiernos autonómicos, así como a la comunidad médica española, que pongan en práctica el derecho a un aborto seguro, garantizando la asistencia sanitaria pública de calidad, incluyendo la atención psicológica para las mujeres, familiares y entorno más cercano, y que así se ejerza en cada una de las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, sin distinciones ideológicas. «Unimos nuestras voces para pedir respeto social, sanitario y político».
Por último, unen las voces para que se cumpla con la Ley del aborto en las comunidades Autónomas. «Unimos nuestras voces y nuestras fuerzas en la lucha para conseguir una sociedad igualitaria donde se respeten los derechos de las mujeres. Unimos nuestras voces para defender el derecho al aborto y para recordar que en nuestro cuerpo mando yo y mi vida me pertenece».
