[dropcap]E[/dropcap]l curso político toca a su fin y a él llega el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco congratulándose por el resultado de algunos sondeos, pero sin haber hecho todos los deberes ni haber aprobado determinadas asignaturas que arrastra desde el comienzo de la Legislatura.
Mañueco se irá de vacaciones sin resolver el problema de haberse visto privado de la mayoría absoluta con la que gobernaba desde su investidura. PP y Ciudadanos la perdieron el pasado 19 de marzo, día en el que la procuradora María Montero abandonó la formación naranja, y tres meses después no han conseguido recuperarla. Ninguna de las dos alternativas que han manejado han llegado a buen puerto.
Cuando se daba por hecho un acuerdo con el “Partido por Ávila” para que su único procurador, Pedro J. Pascual, apuntalara esa mayoría perdida, en el último momento Mañueco decidió dar marcha atrás. Por razones puramente partidistas. De un lado, en Génova levantaba ronchas una alianza con la formación liderada por un político, el actual alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que respondió con un insolente corte de mangas al “dedazo” con el que Pablo Casado designó en su día al candidato del partido a la Alcaldía. De otro, el acuerdo con un partido escindido suponía dejar al PP abulense a los pies de los caballos.
Tampoco cuajó el posterior intento de llegar a un pacto con Vox para que su única procuradora, Fátima Pinacho, aportara al gobierno Mañueco la estabilidad parlamentaria de la que carece. El partido ultraderechista no ha querido atarse de manos, máxime cuando aboga por la convocatoria de unas elecciones anticipadas en Castilla y León que, según los sondeos, le proporcionarían no menos de 7 escaños en las Cortes. Vox está dispuesta a dejarse querer por el bloque PP-Cs -de hecho, Pinacho le ha salvado ya de varias derrotas parlamentarias- pero se reserva su derecho a castigarle cuando lo tiene por oportuno, sumando su voto sin ningún complejo al del resto de la oposición a la Junta.
La pérdida de la mayoría absoluta ha tenido algunos efectos nada benéficos para el gobierno Mañueco. Ha perdido la presidencia, que es tanto como decir el control, de dos de las tres comisiones parlamentarias de investigación que estaban abiertas, y ha tenido que tragar con una cuarta, la creada para investigar la tragedia vivida en las residencias de ancianos tras la irrupción de la pandemia, que habían conseguido abortar el pasado diciembre.
Después, en un último intento de neutralizarla se sacaban de la manga la petición de una comisión paralela con la que han conseguido, valiéndose de su mayoría en la Mesa de las Cortes, aplazar hasta el mes de septiembre la puesta en marcha de la comisión ya aprobada.
Otro consenso de comunidad dinamitado.- Antes de finalizar el curso, el gobierno Mañueco se ha puesto como tarea para el otoño desatascar los mapas rurales de la Ordenación del Territorio, una asignatura arrastrada desde la Legislatura anterior que pretende aprobar de la peor forma posible: Dinamitando el consenso alcanzado en su día entre PP y PSOE. Dicho consenso, plasmado en la Ley en vigor, requería mayoría parlamentaria cualificada de dos tercios para aprobar los mapas de la Ordenación. Un requisito que PP y Cs se han propuesto eliminar mediante una reforma legislativa unilateral que aboca a un enfrentamiento frontal en un asunto de comunidad. Una vez más, el vicepresidente Igea, titular de la consejería competente en la materia, impone a Mañueco su política de tierra quemada.
Vagancia ante la Despoblación.- Pero si hay un deber que, por muy lamentable que resulte, ha sido incapaz de realizar el gobierno Mañueco ese es el aprovechar la oportunidad histórica que suponen los Fondos Next Generation de la Unión Europea, que a diferencia de los de la PAC, no vienen de oficio, sino que hay que captarlos mediante la presentación de los correspondientes proyectos. Acostumbrado a “externalizar” su propio trabajo, la Junta no ha hincado el codo para aprobar la asignatura de los Next Generation.
Se pasan la vida reclamando fondos –vaya brasa que han dado con los 182 millones del IVA de 2017 no cobrados en su día por decisión de uno de los suyos, el ministro Cristóbal Montoro- y cuando los tienen a su disposición son incapaces hacer los deberes para aprovecharlos
Y la mejor prueba de ello es que solo ha presentado 6 proyectos (por importe global de 90 millones) al fondo de 10.000 millones de euros asignado a España para financiar el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico. La comunidad autónoma más castigada por la despoblación -otros 14.000 habitantes perdidos en 2020- apenas se moviliza ante esta gran oportunidad. Se pasan la vida reclamando fondos –vaya brasa que han dado con los 182 millones del IVA de 2017 no cobrados en su día por decisión de uno de los suyos, el ministro Cristóbal Montoro- y cuando los tienen a su disposición son incapaces hacer los deberes para aprovecharlos.
Con este panorama volveremos a encontrarnos en septiembre. Y en las mismas seguiremos, con un gobierno compartido por un partido en alza, el PP, y otro completamente zombi, Ciudadanos, que perdurará mientras Pablo Casado no decida, en función de su estrategia para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa, activar un adelanto electoral en Castilla y León.
Cargos malditos.- Mucho se ha hablado de la maldición que pesa sobre el cargo de vicepresidente de la Junta. Y la historia así lo avala. Salvo Juan Carlos Aparicio, que lo ocupó brevemente con Juan José Lucas, no se recuerda a ningún otro que haya terminado bien. La relación está ahí: Miguel Pérez Villar, condenado por prevaricación en el “caso de la minería”, Jesús Merino, condenado en el “caso Gürtel”, José Manuel Fernández Santiago, estigmatizado por el mismo caso, Tomás Villanueva (q.e.p.d.), María Jesús Ruíz, desaparecida en combate, y Rosa Valdeón, ídem del lienzo.
Pero no es menos arriesgado haber pasado por la consejería de Economía. Fernando Becker, consejero en el primer gobierno Lucas por la gracia de José María Aznar, es el último que ha tenido problemas con la Justicia. En su condición de ex alto cargo de Iberdrola, acaba de ser empapelado por el juez García Castellón por presuntos delitos de cohecho activo, falsedad en documento mercantil y contra la intimidad, todo ello a causa del espionaje ilegal del ex comisario Villarejo a directivos de otras compañías eléctricas. Bécker, sucesor en la consejería del citado Pérez Villar, dio paso a Isabel Carrasco, quien a su vez precedió a Tomás Villanueva…
Cocinero antes que viceconsejero.- Entre la legión de asesores políticos que, con el “amigo Nacho” Cosidó a la cabeza, rodean al presidente de la Junta no consta que exista ningún experto en sondeos de opinión. Sobraría (como en realidad sobran la inmensa mayoría de esos paniaguados “asesores”).
Para eso ya tiene en el organigrama de altos cargos al viceconsejero de Relaciones Institucionales, José Miguel de Elías, quien en su condición de alto ejecutivo de la compañía Sigma Dos se ha pasado la vida supervisando el cocinado de encuestas. Sigma Dos es casualmente la empresa elegida por “Castilla y León TV”, la cadena autonómica privada que subvenciona generosamente la Junta, para realizar sus sondeos de opinión, el último de los cuales ha sido difundido durante la pasada semana.
De Elías, personaje invisible en el desempeño de sus funciones, es uno de los dos altos cargos del gobierno Mañueco que mantienen su residencia en Madrid. La otra es la directora general de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Elena Álvarez. A ambos la Junta le abona los billetes de AVE cada vez que se desplazan a sus despachos en Valladolid.
La crítica de un ex.- La pasada semana reseñábamos aquí el cese del director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo Santonja, destituido por el Patronato de la Fundación rectora de ese chiringuito, en el que ha decidido meter la zarpa la consejería de Cultura que dirige el risueño Javier Ortega.
El cesado no ha tardado de recuperar su espíritu crítico y, en su colaboración semanal en “El Norte de Castilla”, arreaba el pasado viernes a la Junta por su pasividad precisamente en lo relativo a la promoción de la lengua castellana. Santonja da cuenta de la iniciativa del gobierno de La Rioja de promover un centro de aprendizaje del español en el monasterio de Suso, lo que se ha plasmado en un proyecto presentado al Plan Europeo de Recuperación a financiar por los Fondos Next Generation.
“Mientras en La Rioja cazan al vuelo la ocasión única de los Fondos Next para alzarse con el santo y la limosna del español como recurso económico, aquí nos asomamos a la ventana para ver como el futuro pasa de largo”, se lamenta el ex director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Se supone que Santonja sugirió sin éxito a la Junta un proyecto similar al presentado por el gobierno riojano. Digo yo.
