Los investigadores salmantinos aseguran que «la Junta miente»

El Ejecutivo autonómico no está revisando los casos individuales de los investigadores que quieren prorrogar sus contratos
Un ratón de laboratorio. Imagen de Tibor Janosi Mozes en Pixabay

 

Los investigadores salmantinos aseguran que la Junta de Castilla y León «miente. No ha creado ningún protocolo para los investigadores. Además, Educación esquiva la situación enviando a los afectados a sus respectivas universidades para que solucionen el problema»

 

Las asociaciones de investigadores, Iniciactiva de Valladolid, Innova Salamanca y Aif-ULe de León, aseguranq que la Junta de Castilla y León ha mentido a los 150 investigadores a los que no prorrogará sus contratos. En el pleno de las Cortes celebrado el pasado 9 de junio, la consejera de Educación, Rocío Lucas, prometió que revisarían casos individuales de investigadores afectados por la pandemia del coronavirus.

No obstante, la Junta está dirigiendo a los investigadores que han solicitado de forma individual su prórroga a sus respectivas universidades. «Desde el Ejecutivo regional señalan que es competencia de las universidades, aunque la Ley 2/2021 dice lo contrario en su disposición adicional sexta», aclaran desde las asociaciones de investigadores. .

Las asociaciones de jóvenes investigadores de Castilla y León lamentan que la Junta no apoye a la investigación, ni apueste por retener el talento.

Tanto es así, que la próxima semana, unos 75 investigadores de los 150 afectados finalizan sus contratos. «Estos sufrirán un agravio comparativo respecto a sus compañeros de otras convocatorias (Ministerio, Universidad de Valladolid y Universidad de Salamanca) a quienes ya han prorrogado los contratos. Muchos no podrán finalizar sus investigaciones, las dejarán a medias o seguirán trabajando sin sustento económico», puntualizan.

La investigación representa un pilar en nuestra sociedad. «Entre las personas afectadas, hay profesionales que investiga tumores cerebrales, sostenibilidad ambiental, avances tecnológicos, patrimonio histórico, derechos sociales y muchas otras materias fundamentales para el avance de Castilla y León», concluyen. .

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