Los delitos de odio por orientación e identidad sexual de las víctimas se dispararon en Castilla y León durante el año 2019, según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, recogidos por la Agencia Ical. El recorrido histórico en la Comunidad apunta en ese periodo un total de 16 hechos discriminatorios conocidos, mientras que un año antes, en 2018, la cifra se situó en cinco. Esto supone un incremento que triplica los actos motivados en diferencias sexuales, según la variación interanual más reciente.
J.M.A. / ICAL. Pero además de los datos recogidos por el Ministerio del Interior en base a actuaciones policiales, existen otras agresiones, sobre todo aquellas “de menor calado, más verbales y del ámbito escolar”, que también preocupan. Así lo advierte la presidenta de la Fundación Triángulo de Castilla y León, Yolanda Rodríguez Valentín, a Ical, que alerta de que “hay un incremento de agresiones que está soterrado y que está invisibilizado en estos momentos por la falta de denuncias”.
Por ejemplo, hace referencia a acciones como “insultos por la calle porque alguien va paseando con su pareja o se da un beso en un espacio público”. Ese tipo de agresiones, según matiza, “hay mucha gente que no quiere llevarlas más allá”. “Tienes que denunciar a una persona en concreto que, seguramente, no sepas quién es, y luego, probarlo. Demostrar que la acción ha tenido ese tinte de odio es difícil. Ese abanico de posibles agresiones y menosprecios de la dignidad de la persona por su orientación sexual o de género son complicadas de valorar”, resume.
De igual manera, la presidenta de Triángulo advierte de que, aunque en el ámbito escolar puede haber quejas a las direcciones de los centros o a la Inspección de Educación, no se obliga a efectuar una denuncia policial, por lo que esas agresiones tampoco se traducen a las estadísticas. Y precisamente en la educación es donde observa la clave para erradicar este tipo de violencia.
“La prevención del acoso y el bullying homofóbico tiene que existir desde la base del colegio, en los primeros estadios. No hay que esperar a llegar a la adolescencia. Y no solo con los alumnos, también con el profesorado para que tenga los instrumentos necesarios para reaccionar con firmeza contra esas actitudes. Muchas veces no es que no se quiera actuar, sino que no se tienen herramientas y tampoco se facilita lo suficiente desde las autoridades educativas”, manifiesta.
De hecho, Yolanda Rodríguez Valentín considera que en las instituciones falta asumir que se trata de un problema real. “Muchas veces este tipo de estadísticas parece que, aunque se incrementan, no son significativas por no ser agresiones físicas. Y aunque no se llegue ese extremo, la violencia llega por esos granitos de arena verbales que se están dejando pasar. Por eso lo primero es tomar conciencia de que esto sí que es un problema real contra el que hay que actuar”, ahonda.
En ese sentido, reclama los medios preventivos y educativos para que no queden impunes esas actitudes violentas “de baja escala” porque, según advierte, “derivan en agresiones físicas crueles y con resultados tan desdeñables como la muerte de una persona”.
Una norma autonómica, “es necesaria”
La presidenta de la Fundación Triángulo recuerda que en Castilla y León no existe un ley específica que reconozca los derechos del colectivo LGTBI y de las personas ‘trans’. Para ella, “eso hace que las propias administraciones no se crean que tienen que hacer un esfuerzo por la prevención, por tomar medidas y por poner en manos de la comunidad educativa y las fuerzas de seguridad los instrumentos necesarios, y las sanciones apropiadas, contra las políticas de agresión o de reversión de la homosexualidad”, explica.
Esa normativa permitiría, en definitiva, a cualquier personas que vea conculcados sus derechos la opción de solicitar que se garanticen. “Ese paraguas normativo haría que las administraciones se pongan en marcha y, por otro lado, nos habilita a las organizaciones a reclamar que, efectivamente, se cumpla la ley”, resume.
Evolución de los casos
Interior publica cada año, desde 2013, un ‘Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España’ en el que aporta los datos obtenidos del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), teniendo en cuenta para su cómputo los hechos de los que han tenido conocimiento la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales. La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) define los delitos de odio como “toda infracción penal cometida contra las personas o la propiedad, donde el bien jurídico protegido se elige por su, real o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo”, incluida la orientación sexual.
Los dos primeros años en que se publicaron datos, 2013 y 2014, Castilla y León anotó 18 y 19 incidentes relacionados con la identidad sexual, respectivamente, cifras que incluyen abuso y agresión sexual, violación, exhibicionismo y amenazas, puesto que el informe aún no segregaba los actos específicos motivados por la orientación sexual de la víctima. Sin embargo, en sus conclusiones generales, el documento señalaba que este tipo de discriminación tiene, en relación con sus cifras, “menor relevancia de cara a la opinión pública”.
Es a partir de 2015 cuando el Ministerio del Interior dedica un apartado específico a este aspecto y divide los datos entre hechos conocidos, en este caso por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya sea por denuncia o fruto de su iniciativa policial; victimizaciones, como actos denunciados por personas que manifiestan ser víctimas de una infracción penal; detenciones o investigados con atribución de delito, incluya o no privación de libertad; y hechos esclarecidos, cuando existe detección ‘in fraganti’, identificación plena del autor, confesión o pruebas claras, o bien, la investigación revele que, en realidad, no hubo infracción.
Durante ese periodo de 2015, la Comunidad anotó cinco hechos conocidos, de los que cuatro se registraron en Salamanca y uno en Soria, siete victimizaciones, entre las que se añadió una en Burgos y otra en Zamora; una detención o imputación, en Soria, y dos hechos esclarecidos, el de la provincia soriana y uno más en Burgos.
Un año más tarde, en 2016, el informe anotó cuatro hechos conocidos en Castilla y León, de los que tres se produjeron en Burgos y el otro en, Zamora. Un dato que, en esta ocasión, coincidió con el de victimizaciones, incluida su distribución provincial. En el apartado de detenciones se introdujo por primera vez el término investigado, que sustituye a imputado, y en ese periodo, se sumó uno localizado en Zamora, que fue también el único hecho esclarecido, según las cifras ministeriales.
Durante 2017, los hechos conocidos aumentaron hasta los siete en Castilla y León. De ellos, tres se produjeron en Valladolid y los otros cuatro se repartieron entre Ávila, Burgos, Soria y Zamora. Estos datos, de nuevo, coincidieron con los de victimizaciones. Solo hubo un detenido o investigado, el producido en la provincia vallisoletana. Por su parte, los hechos esclarecidos asciendieron a seis, en concreto los de Ávila, Burgos, Soria y Zamora, así como dos de los tres hechos conocidos en Valladolid.
La tendencia se mitigó en 2018, cuando el informe señala de nuevo una cifra inferior de hechos conocidos en Castilla y León. Durante ese periodo, la Comunidad recogió cinco, de los que tres se produjeron en Burgos; uno, en León y otro en, Palencia. Una vez más, estos datos, incluida su distribución por provincias, se repitieron en el apartado de victimizaciones. Sin embargo, los detenidos o investigados ascendieron a seis, tres de ellos en Burgos, uno en Palencia, otro en Valladolid y uno más en Zamora. Cuatro de estos hechos fueron esclarecidos, dos de los tres de Burgos, el de León y el de Palencia.
Fue en 2019 cuando se produjo un repunte de casos que triplicó la cifra del año anterior. El último dato publicado anotó 16 hechos conocidos sobre la orientación e identidad sexual de las víctimas en Castilla y León. De ellos, cuatro se produjeron en Ávila, los mismos que en Salamanca; tres en Burgos, dos en Palencia y Zamora y uno en León.
Una vez más, estos datos reflejan también el número de victimizaciones y su distribución por provincias. Durante ese periodo se produjeron seis detenidos o investigados, de los que dos se ubicaron en Ávila y uno en Salamanca, Burgos, Palencia y Zamora.
Finalmente, una decena de estos hechos fueron esclarecidos, tres de los de Burgos, dos en Salamanca, Ávila y Zamora y otro más en Palencia.
