La que ingresó las cuotas de las primarias del PP no despeja las dudas sobre el origen del dinero

La empleada del PP en la Diputación que realizó los ingresos del dinero para pagar las cuotas de los afiliados morosos para que pudieran votar en las primarias de 2017 del PP regional que finalmente ganó Mañueco, no despejó ante el juez las dudas sobre el origen del dinero ni sobre las irregularidades de la fórmula elegida para pagar esas cuotas atrasadas.

Emma Figueiredo trabajaba en marzo de 2017 como “administrativa” del PP en la Diputación, cubriendo una baja, y sobre ella recayó una responsabilidad impropia de su supuesto estatus.

El dinero se recaudó sin emitir ni presentar ningún recibo. En su declaración de la semana pasada ante el juez dijo que parte del dinero lo recaudó ella misma recogiendo el que aportaban quienes iban a la sede del partido en la calle Echegaray y que la entonces alcaldesa de Cantalapiedra, Juana González Mulas, le llevó lo recaudado de los supuestos aportadores. Posteriormente, Figueiredo lo llevó todo (unos 60.000 euros) a Caja Rural con la lista de los afiliados a quienes se amortizó la deuda.

No especificó quiénes eran aquellos a los que ella misma recogió el dinero ni quién le ordenó ir al banco, aunque señaló a Juana González para no involucrar a ningún alto cargo del partido, como Iglesias, presidente, que dos años después la colocó a dedo en la Diputación, y ella no iba a poner en peligro ahora su empleo como coordinadora del PP en la institución provincial y el salario de 38.000 euros brutos al año involucrando a su mentor.

Durante su declaración ante el juez la semana pasada quiso aparecer como una administrativa ajena al partido, una mera contratada para cubrir una baja en 2017, y que hacía algún recado, como llevar ese dinero al banco para pagar unas cuotas atrasadas, algo de lo que dependía la victoria de Mañueco en las primarias a la presidencia regional del PP.

En realidad, Figueiredo ha estado muy vinculada al PP y a Javier Iglesias, llegando a aparecer como suplente en una lista del partido a las generales.

La acusación le pidió que justificara los méritos que había hecho para ganar casi 40.000€ anuales y le preguntó si su trabajo dependía de que la declaración ante el juez satisficiera los intereses de Iglesias y Mañueco en la causa.

Lo pasó mal en ese momento de su comparecencia y trató de desvincular a los altos cargos provinciales del PP de uno de los momentos claves para el éxito de la operación: la presunta recogida del dinero que permitiría votar a los afiliados que se sabía que apoyarían a Mañueco y su ingreso en la Caja Rural.

Sin embargo, no consiguió despejar las dudas sobre el origen de los 60.000 euros (ni siquiera citó cantidades) y solo coló otro elemento nuevo que hasta ahora nunca se mencionó. Dijo que el dinero que le llevó Juana González le vino con recibos, pero que no sabía si llegaron firmados o no.

En su afán por tratar de no implicar a ningún alto cargo del partido en la operación, no despejó ninguna duda sobre el origen del dinero ni sobre la irregularidad de la fórmula elegida para amortizar las cuotas que debían los afiliados morosos y que debían estar al día para poder votar en las primarias.

De entrada, lo que hicieron, según la estrategia que sostiene el PP, ya no es el pago de una deuda a terceros, sino una donación prohibida por la ley de partidos, porque era finalista (para pagar la cuota a unos afiliados concretos que iban a apoyar a Mañueco en unas primarias), el ingreso no lo realizaron los afiliados morosos y no se ingresó en la cuenta específica del partido para el ingreso de las cuotas de los afiliados, como establece la ley, sino en la general del partido.

De ser cierto que las cosas se hicieron como ellos dicen (recaudando el dinero entre cargos y afiliados) al pasar de 25.000 euros tenían que haberlo comunicado al Tribunal de Cuentas, lo que conllevaría automáticamente la aplicación de criterios de reparto de ese dinero entre las nueve provincias de Castilla y León, con lo que no se habría producido ninguna ventaja para Mañueco sobre su rival Antonio Silván, de León.

Además, con la lista que ella llevó al banco, Mañueco se aseguraba cientos de votos, algo que también vulnera el principio de igualdad de los afiliados.