El número de actuaciones acometidas por el turno de oficio en Salamanca por violencia de género aumentó durante el año 2020 con motivo del confinamiento. Así se desprende de los datos ofrecidos este lunes por el decano del Colegio de Abogados salmantino, Javier Román Capillas, y el responsable de la sección en la provincia, Moisés Cabrera Ramos, como motivo de la celebración este 12 de julio del Día de la Justicia Gratuita
J.M.A / ICAL. Cabrera Ramos aseguró que el confinamiento es el motivo por el que las asistencias del turno de oficio respecto a la violencia de género se incrementaron hasta alcanzar las 196 en 2020. Un dato que, durante el primer semestre de 2021, ha remitido con tan solo 58. Por otro lado, según datos del Observatorio de la Justicia Gratuita, el estado de alarma generó un descenso superior al 22 por ciento en el número general de expedientes tramitados.
En el resumen estadístico ofrecido por el Colegio de Abogados se refleja que de los 826 letrados que ejercen en Salamanca, 394 lo hacen en el tuno de oficio. Además, de ellos el 48 por ciento son mujeres, con lo que, según Cabrera, están “muy cerca de alcanzar la igualdad real”. Por otro lado, la edad media se sitúa en 48 años y la media de años de experiencia en 18. “En las series y películas, los abogados están mal vistos, pero esto solo es fruto del desconocimiento”, valoró Cabrera Ramos, recordando que para ejercer en el turno de oficio es necesario tener despacho propio, al menos tres años de experiencia y superar cursos y pruebas de acceso en varios ámbitos legales.
Respecto a las reclamaciones recibidas, los datos de 2020 señalan 93 escritos relacionados con el turno de oficio, de los que solo un dos por ciento se tradujo en incidencias. En total, fueron 20 las reclamaciones interpuestas que derivaron en seis expedientes disciplinarios abiertos. Asimismo, el Servicio de Orientación Jurídica, llevado por un total de 13 letrados especializados, atendió a una docena de ciudadanos diarios hasta alcanzar los 2.211 durante 2020. En lo que va de 2021, la sección está incrementando su actividad, ya sin estado de alarma, con 1.610 personas atendidas.
En lo que respecta al número de expedientes de justicia gratuita, el turno de penal y asistencias fue el que más acumuló con un total de 1.518. Le sigue el turno civil con 503, familia con 414 y contencioso administrativo con 112. El último es el turno laboral con 106 casos, sin embargo, según matizó Cabrera, es el que más se ha incrementado en el último periodo “por culpa de los despidos, cierres, ERES y ERTES”. La tramitación de dichos expedientes ya es “cien por cien digital”, según destacó.
En Salamanca hay ocho abogados de guardia al día en el turno de oficio. Dos se dedican a penal general y otros dos a juicios rápidos. Sin embargo, estos cuatro letrados se sirven de apoyo mutuo con lo que, en caso de necesidad, existen cuatro disponibles. Además, otros dos están dedicados a violencia doméstica y uno a menores y extranjería, respectivamente. El último apartado cuenta con un refuerzo en Fuentes de Oñoro por la cercanía con la frontera con Portugal. Cabe señalar que, según explicó el responsable del turno de oficio en Salamanca, el servicio de penitenciaría, “el más duro y delicado”, es prestado por el doble de mujeres que de hombres.
En lo que respecta a al resumen económico, se aprecia un descenso en el total anual del coste en el servicio. Durante 2020 alcanzó los 859.559 euros, mientras, según especificó Cabrera, la cifra habitual “ronda el millón de euros”. El coste medio por salmantino se situó en 2,53 euros y la retribución media que percibe al abogado por asunto fue de 145,48 euros. El total mensual se incrementó hasta los 197,07 euros.
Entre los peligros más acuciantes que afectan a la provincia de Salamanca se sitúa la desaparición de los partidos judiciales de Vitigudino y Peñaranda de Bracamonte porque “no se encuentran letrados que ejerzan en esos destinos”. Según manifestó el responsable del turno, se están concentrando los servicios en el ciudad y solo resisten los partidos de Ciudad Rodrigo y Béjar. “Esto supone un perjuicio para la ciudadanía que se tendrá que desplazar. La gente necesita servicios de abogacía. Hay a quien le da por comprar cosas, por casarse y después divorciarse, o por morirse”, ironizó, de modo que, según zanjó, «el Estado debe estar detrás para que todo ciudadano pueda acceder a estos servicios.
Más recursos
El decano del Colegio de Abogados de Salamanca, Javier Román Capillas, por su parte, aprovechó la comparecencia de este lunes para efectuar una serie de reivindicaciones, ahora que hay una nueva ministra de Justicia, tras el nombramiento este sábado de Pilar Llop, expresidenta del Senado. “No sabemos en qué línea va a ir. Nuestra esperanza es que proviene del mundo judicial y, por lo tanto, tiene que conocer las necesidades”, valoró Capillas.
Entre las reclamaciones, mayores recursos en general y «no solo de tipo económico”. El decano del Colegio de Abogados de Salamanca reivindicó el refuerzo de los juzgados con un mayor número de plazas y, sobre todo, un mayor inversión en digitalización y tecnología. “No sirve que nosotros invirtamos si por parte del Ministerio no se realiza un esfuerzo mayor del que se está realizando”, denunció.
Asimismo, en lo referido a la justicia gratuita el decano reclamó un incremento en la retribuciones percibidas por los abogados. Incluso en el retraso de los cobros, que ahora mismo se sitúa, según explicó, en dos meses vencidos. “Cuando se llega a aun acuerdo con un ministro, se cambia el ministro y cuando pensábamos que íbamos a cobrar, pues las circunstancias cambian. Es un desbarajuste”, calificó.
