La aventura gasista de Florentino Pérez costará 1.300 millones al consumidor

El Consejo de Ministros aprobó este viernes un acuerdo mediante el cual la empresa Enagás, participada por el Estado y con varios exdirigentes del PP en su consejo de administración, deberá indemnizar con 1.350 millones de euros a la compañía Escal UGS, participada en un 67 por ciento por ACS, y propietaria del Proyecto Castor, el almacén estratégico de gas submarino situado frente a las costas de Castellón para hacer frente a picos altos de la demanda.

Escal renunció en julio a seguir con el proyecto después del medio millar de seísmos que ocasionó la inyección de gas a presión procedente de la red normal para almacenarlo en el fondo marino. El acuerdo suscrito con el Estado para realizar las operaciones incluía una cláusula que establecía la posibilidad de que la empresa abandonara el proyecto si no lo veía rentable a cambio de una indemnización.

Para que los 1.350 millones de euros de la indemnización acordada (inicialmente la empresa pedía 1.600 de acuerdo a la inversión realizada) no salieran directamente de las arcas públicas y aumentaran el déficit público, se ha buscado la solución de que sea Enagás la que se haga cargo del pago de la indemnización. Y la compañía irá cargando ese dineral en la factura del gas que pagan los ciudadanos usuarios de gas natural.

La hibernación de Castor «implica la prohibición de realizar cualquier extracción o inyección de gas natural» en el almacenamiento, cuya concesión a Escal queda anulada al haber aceptado el Gobierno la renuncia al proyecto presentada por los promotores, explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.