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Opinión

Don Tancredo ve pasar la quinta ola

Sí, somos idiotas”. Esas fueron las palabras elegidas el pasado martes por el vicepresidente de la Junta, el sinuoso Francisco Igea, en busca de un titular periodístico que desviara la atención sobre la falta de coraje del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco para hacer frente a la quinta ola de la pandemia. Una maniobra de distracción dialéctica marca de la casa para encubrir la temeraria pasividad de la Junta, que ha dejado que dicha ola se desbocara en nuestra comunidad -la segunda en tasa de incidencia tras Cataluña- adoptando a regañadientes unas medidas de escaso alcance, muy lejos de las impuestas por otras comunidades mucho menos atacadas por esta quinta ofensiva del virus.


Igea no es ni se considera idiota. Lo que acostumbra es a tomarnos por idiotas a los demás, comportamiento muy habitual entre quienes se creen más inteligentes que el común de sus congéneres. El gobierno Mañueco ha vuelto a hacer lo mismo que en otros momentos críticos de la pandemia: evitarse al máximo cualquier desgaste político a costa de no adoptar las restricciones imprescindibles para contener la oleada de turno.

Nada que ya no conociéramos. Recuérdense las fatídicas consecuencias de la tercera ola, en la que Castilla y León pagó muy caro el objetivo de “salvar las Navidades” que se impuso el presidente Mañueco. La desescalada previa y la laxitud de las medidas para prevenir la contagiosidad durante el periodo navideño ocasionaron una expansión vertiginosa del virus a lo largo del mes de enero, en el que la tasa media de incidencia se disparó hasta los 1.400 casos (más de 2.000 en las provincias de Segovia  y Palencia) y el número de hospitalizados hasta los 2.200 (227 de ellos en las UCI), con un saldo letal de entre 30 y 40 muertos diarios. Fue cuando la Junta, en otro descarado intento de eludir sus propias responsabilidades, se sacó de la manga el “creativo” adelanto en dos horas del toque de queda, luego tumbado con estrépito por el Tribunal Supremo.

Con estos antecedentes, y difundidos unos sondeos según los cuales una mayoría de castellanos y leoneses aprueban su gestión frente a la pandemia, el gobierno Mañueco ha decidido tomarse esta quinta ola a beneficio de inventario. Buena gana de correr el coste político derivado de cualquier restricción si la mayoría de los ciudadanos nos otorgan una patente de corso para que hagamos lo que nos dé la gana o para que no hagamos nada. Esa es la reflexión del presidente de la Junta, quien a causa de esos mismos sondeos, se siente muy crecido frente a su vicepresidente, obligado a comer en su mano si pretende, como pretende, seguir en la pomada política.

Basta con analizar la secuencia de este último episodio. Al comenzar a arreciar la quinta ola, el domingo 4 de julio, con 200 casos de incidencia en Castilla y León, la consejera Verónica Casado convocaba de urgencia al Comité de sedicentes expertos que supuestamente asesoran a la Junta en materia epidemiológica.

Y los susodichos plantearon dos opciones alternativas: Regresar al estado de alerta 2 en toda la comunidad o, en su defecto, clausurar por completo el ocio nocturno. En realidad, la consejera defendía otra medida más drástica, nada menos que la reimplantación del toque de queda en toda España, y así lo defendió, sin encontrar apoyo alguno, en el Consejo Interterritorial celebrado el miércoles 7 en Madrid. Para entonces eran ya varias las comunidades autónomas que se disponían a proponer toques de queda acotados a las localidades con mayor incidencia en sus respectivos territorios.

Buena gana de correr el coste político derivado de cualquier restricción si la mayoría de los ciudadanos nos otorgan una patente de corso para que hagamos lo que nos dé la gana o para que no hagamos nada

Pues bien, el jueves 8, con una incidencia ya en torno a los 300 casos, el Consejo de Gobierno de la Junta ignora olímpicamente las dos opciones propuestas desde el Comité de Expertos, limitándose a adelantar el cierre nocturno a las dos de la madrugada, a prohibir las pistas de baile y a reducir aforos en este tipo de establecimientos. O sea, nada en dos platos. Y a diferencia de otras comunidades autónomas, como Cataluña, la Comunidad Valenciana y Cantabria (estas dos últimas con mucha menor incidencia que Castilla y León), que se aprestaban a aplicar toques de queda restringidos a las localidades en situación más crítica, el gobierno Mañueco se mantenía de brazos cruzados mientras el índice de contagiosidad se desbocaba.

El jueves 15, con la Incidencia por encima de los 800 casos, el Consejo de Gobierno descarta el toque de queda en la comunidad amparándose en un oportuno informe de los Servicios Jurídicos de la Junta, que, basándose en supuestos que no hacían al caso concreto, presumía que el TSJ no avalaría ese toque de queda restringido. Pero además de cerrarse a esa posibilidad -autorizada ya por los tribunales superiores de las mencionadas comunidades- la Junta no adoptaba otra medida que la de constituir un nuevo grupo de trabajo con el que ha terminado de ningunear al comité de los sedicentes y paniaguados “expertos” a los que ha venido instrumentando de la forma más grosera. Un supuesto grupo de trabajo cuya composición se niega además a revelar.

Con la incidencia a punto de alcanzar los 900 casos, Mañueco convocaba con urgencia un Consejo de Gobierno extraordinario el lunes 19 que, lejos de adoptar las medidas de choque que reclamaba la situación, se limitaba a volver a cerrar las barras de la hostelería, adelantar en otra media hora el cierre del ocio nocturno y a obligar a cerrar los parques públicos entre la una y las seis de la madrugada. De nuevo, una reacción tardía y absolutamente insuficiente. Que ha sido además la última, ya que no ha vuelto a tomarse ninguna medida ni se tomará una vez que con los 900 casos parece haberse alcanzado el pico de esta nueva ola, al que se ha llegado manteniendo el estado de alerta 1 en toda la comunidad como si aquí nada hubiera pasado.

Y encima hay que soportar la impostura de Igea cuando dice que “somos idiotas” o afirma que “no se puede criminalizar a nadie por tener 19 años” (lo dice el mismo que el pasado 5 de febrero, en relación con los jóvenes reunidos en una plaza vallisoletana, colgó un “tuit” afirmando que “la UCI de Burgos aún tiene sitio para ellos”. Mañueco lo tiene muy claro e Igea y Casado tragan con ello:  Mientras no se colapsen las UCI ya puede subir la incidencia que, más allá de algunas medidas de baja intensidad con las que se simula que se hace algo, la Junta no adoptará restricciones que conlleven desgaste político. Y en las UCI permanecen ingresadas estos días 63 personas, una cuarta parte de las que hubo el pasado mes de enero. A fin de cuentas, entre 11.100 y 11.200 muertos no es tanta la diferencia estadística. 

Ya lo dijo el propio Mañueco el pasado mes de abril entrevistado en “El Mundo” por la periodista Lucía Méndez“Las olas van y vienen, suben y bajan…”  Conforme a lo cual, emulando a don Tancredo, la Junta se ha limitado a contemplar cómo pasa la quinta ola. Y si viene la sexta, ya pasará.

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