[dropcap]U[/dropcap]n 6 de agosto, hace 76 años, una bomba destruyó Hiroshima; tres días después, otra, arrasó Nagasaki: 240.000 personas murieron en segundos. Hoy, 76 años después, seguimos bajo la misma amenaza nuclear.
Pese a estar prohibidas por el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares ratificado por decenas de estados en el seno de las Naciones Unidas, estas bombas no han disminuido en su número ni en su capacidad destructiva, al contrario, durante la pandemia los nueve estados que las tienen han seguido aumentando su número y potencia.
Por esta razón hace unos meses, Podemos, a petición del Comité Antinuclear y Ecologista, presentó en el Ayuntamiento salmantino una moción para que esta institución se manifestara en favor del Tratado y pidiera al Gobierno de España que lo firme.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría que gobierna el Ayuntamiento (Partido Popular y Ciudadanos), con la abstención del PSOE. No podemos entender por qué su impugnación (1).
La propuesta era igual a la presentada en miles de ciudades de todo el mundo, en cientos de ellas ha sido aprobada. Y entre otras cosas, dice lo siguiente:
Las armas nucleares son un auténtico peligro para la seguridad de las personas y pueblos. Sin ninguna duda, son el armamento más destructivo, inhumano e indiscriminado.
Aún tenemos en el recuerdo el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Unas bombas que provocaron la muerte a más de 240.000 personas, numerosos heridos y la práctica destrucción de las dos ciudades.
Pese al fin de la Guerra Fría y los acuerdos de desarme nuclear conseguidos, hoy el mundo continúa disponiendo de 13.000 armas nucleares, la mayoría de ellas con una capacidad destructiva 100 veces superior a las bombas de 1945.
Tal y como el mundo ha avanzado hacia la prohibición efectiva de otras armas de destrucción masiva (como las biológicas o las químicas) es necesario avanzar, por responsabilidad y seguridad, hacia la prohibición de las armas nucleares.
Después de muchos años de demandas por parte de la sociedad civil, hemos conseguido un primer paso esencial: la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en las Naciones Unidas.
Este Tratado entró en vigor el 22 de enero de 2021 al ser ratificado por 50 países. El Estado español aún no lo ha firmado, por ello las ciudades deben pedir al Gobierno su firma para lograr un mundo más justo, en paz y nuclearmente desarmado.
Tenemos derecho a vivir en un mundo libre de esta amenaza. Cualquier guerra en que se usen estas bombas, o cualquier accidente, tendrá consecuencias catastróficas para muchos millones de personas, con riesgo, incluso, en una loca escalada de guerra, de destruir el planeta tal y como lo conocemos.
La Campaña para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) obtuvo el premio Nobel de la Paz en 2017 y las asociaciones que la secundan, como el Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca, seguirán insistiendo para que España ratifique dicho tratado.
Estas armas son ya ilegales y los nueve estados que las tienen – Estados Unidos y Rusia a la cabeza, con el 90% del arsenal – y sus adláteres de la OTAN, tendrían que respetar la legalidad vigente adoptada democráticamente en la ONU. El gasto de esta carrera cuesta a estos nueve estados más de 60.000 millones de euros cada año. España debería desmarcarse de esta locura como ya lo han hecho más de 50 estados.
(1)Según una encuesta encargada por ICAN el 79% de la población española está a favor de que el estado ratifique el Tratado.
Por: Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca
