Berkeley Minera España presentó este miércoles un escrito de alegaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en el que con «sólidos argumentos» -según la compañía-, desmonta todas las cuestiones técnicas puestas de manifiesto en el informe desfavorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). No en vano, la empresa considera que son «completamente inadmisibles» y carecen «totalmente» de base técnica y jurídica.
Ical.- Berkeley también solicitó que se retrotraiga el procedimiento al mostrar «graves» deficiencias el informe del CSN que llega a requerir información sobre aspectos de etapas posteriores del licenciamiento que no forman parte de los requisitos legales para el otorgamiento de la Autorización de Construcción de la planta de concentrado de uranio como instalación radiactiva en el municipio salmantino de Retortillo.
Asimismo, Berkeley insistió en su escrito que se tenga en consideración la mejora voluntaria de la solicitud inicial, presentada el pasado 23 de julio en el que se da cabida a la justificación de todas las incertidumbres planteadas por el CSN.
El Miteco ha prescindido del procedimiento, no atendiendo la solicitud de Bolsas y Mercados Españoles (BME), lo que ha generado una «clara indefensión» a Berkeley, al haber obviado por completo dicha solicitud, en la que, además, se solicitó la suspensión del trámite de audiencia y el acceso a los expedientes de autorización de construcción y autorización de desmantelamiento de las instalaciones radiactivas de la Haba, en Badajoz y Saelices El Chico, en Salamanca, para verificar que las exigencias para estos proyectos ya autorizados y publicitados como éxito por su promotor, no son comparables a las que ahora se le exigen a Berkeley, por lo que se estaría vulnerando el principio de igualdad.
Desde el punto de vista de la compañía, es técnicamente imposible sostener que su proyecto no cumple con los requisitos exigidos por la reglamentación española e internacional para obtener la autorización de construcción del proyecto Retortillo. «Sin embargo, el CSN ha adoptado una decisión arbitraria y sin sustento legal ni técnico», añdió la nota, pese a los perjuicios que genera para Berkeley, que, de seguir adelante, verá así indebidamente frustrado su proyecto, con el consecuente perjuicio en las inversiones comprometidas y, por tanto, en sus accionistas. Un hecho que, precisó, puede dar lugar a la posible responsabilidad patrimonial de la administración y también a responsabilidad personal de las personas a cargo del expediente, administrativa y de otra índole, cuyo alcance, si procede, la empresa analizará en su momento.
Injerencias políticas
A pesar de que la compañía ha reclamado que no haya injerencias por parte de la clase política, ya que la aprobación del proyecto Retortillo es una decisión estrictamente técnica, los comentarios públicos de diversos políticos han puesto de manifiesto cómo la incidencia política ha impregnado el expediente desde el inicio de sus trámites.
Además de las irregularidades procedimentales tanto técnicas como jurídicas, se ha recalcado el impacto del proceso de aprobación de la Ley de Cambio Climático, en el que los grupos parlamentarios en el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han pactado una enmienda diseñada para suprimir de plano el proyecto de Berkeley, el único proyecto de minería de uranio en España. Esta enmienda habría supuesto la expropiación, sin ningún tipo de compensación, de los derechos adquiridos por Berkeley. Sin establecer ningún tipo de régimen transitorio, este artículo habría resultado inconstitucional. A la vista de la imposibilidad jurídica de aprobar esa enmienda, se ha optado por adoptar una decisión arbitraria en el expediente para frustrar así el proyecto Retortillo de Berkeley.
En este contexto, Berkeley Minera España aseguró sentirse «sorprendida» ante las manifestaciones públicas hechas por distintos dirigentes políticos, entre ellos de partidos políticos presentes en el Gobierno de España, que se han congratulado por el sentido del informe del CSN y que, de hecho, han puesto manifiestamente en entredicho la imparcialidad del CSN en su toma de decisiones.
A juicio de Berkeley, el Gobierno se ha mostrado por diversos canales en contra del proyecto de Retortillo y ha decidido tratar de suprimirlo. Como ha señalado la compañía en multitud de ocasiones, no se trata de un debate sobre minería de uranio, sino sobre el respeto a los principios más elementales de legalidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y, por lo tanto, del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica española, que en opinión de la empresa han sido flagrantemente vulnerados.
Responsabilidades
Por último, Berkeley anuncia que «defenderá sus legítimos intereses hasta las últimas instancias y exigirá las responsabilidades necesarias», pero la compañía quiso reiterar que su voluntad ha sido la de «colaborar y que «toda la información disponible en cuanto al proyecto, fuera o no pertinente para la fase de autorización en la que se encuentra y en comparativa con la que ha sido requerida a otros proyectos similares, ha sido proporcionada en todo momento, a pesar de que se trataba de información que no era técnica ni legalmente exigible», y espera, que esa información sea tenida en cuenta y el informe del CSN sea revisado.
