La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales advirtió de que la incidencia del COVID-19 en las residencias de personas mayores en las últimas semanas «plantea la duda de si las vacunas puestas entre los meses de diciembre, enero y febrero y que tan eficaces se han mostrado desde esa fecha, pudieran estar perdiendo eficacia en esta población de edades muy avanzadas transcurridos más de seis meses desde la vacunación y más específicamente, la eficacia real contra la variante delta».
Ical.- En este sentido, exigen que Salud Pública realice de forma urgente un estudio inmunológico para constatar el grado de inmunidad que existe actualmente en las residencias de personas mayores. Si del mismo se dedujera la pérdida de eficacia de la vacuna, exigen «vacunar a las personas residentes y a las que trabajan en los centros con una tercera dosis».
Asimismo, esperan que los servicios de Salud Pública en cada comunidad autónoma, actúen de manera proactiva, especialmente desde los centros de salud y los especialistas en Salud Pública, con una presencia efectiva en los centros para atender a las personas de su cupo o personas en su área sanitaria.
«Son muchos los centros residenciales de mayores que no han recibido, desde hace meses, la visita de médicos del centro de salud correspondiente, lo que supone una quiebra del derecho de ciudadanía de las personas mayores que viven en estos centros, a recibir asistencia sanitaria en el lugar donde viven», lamentan.
Asimismo, constatan que «tampoco se han recibido visitas presenciales de los responsables de epidemiología en cada región sanitaria». «La actuación de los servicios de salud en los centros sanitarios no se puede limitar a la exigencia exhaustiva de datos y a dar órdenes sobre lo que deben hacer o dejar de hacer. Las personas que viven en los centros de mayores necesitan, como cualquier ciudadano, cuidados médicos y servicios de salud pública por parte del Sistema Nacional de Salud, no sólo inspectores», resumen.
