La consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha comunicado a los 83 viticultores las 123,36 hectáreas autorizadas para nuevas plantaciones de viñedo en 2021.
Castilla y León ha recibido el 13 % de la superficie concedida a nivel nacional, siendo la segunda Comunidad en superficie autorizada por detrás de Castilla-La Mancha.
La superficie solicitada de nuevas plantaciones por los viticultores de Castilla y León en 2021 ha sido de 663 hectáreas, un 66 % inferior al año anterior. En la distribución de las nuevas plantaciones se han tenido en cuenta las limitaciones aplicadas tanto por la DO Ribera del Duero (cien hectáreas) como por la DO Rueda (una hectárea).
Del total de las solicitudes concedidas, el 33,7 % han correspondido a jóvenes viticultores de Castilla y León con mediana y pequeña explotación, el 55,4 % de las nuevas plantaciones son para viticultores con pequeñas explotaciones (entre 0,5 y 16,4 hectáreas) y el 10,8 % restante se ha asignado a viticultores con mediana explotación (entre 16,4 y 50 hectáreas).
La adjudicación de estas 123,36 hectáreas a 83 viticultores es un dato positivo para el sector vitivinícola de la Comunidad, teniendo en cuenta que el peso del potencial vitícola de Castilla y León es del 8,5 % de la superficie plantada de viñedo (80.506 hectáreas) respecto a la superficie de todo el país (944.478 hectáreas).
Asignación nacional
La asignación procede del reparto de las 945 hectáreas distribuidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una vez analizadas y valoradas las solicitudes admisibles remitidas por las comunidades autónomas. Anualmente, el Ministerio establece un límite de superficie para la concesión de nuevas plantaciones equivalente al 0,1 % de la superficie plantada de viñedo. En esta ocasión a 31 de julio de 2020, lo que ha supuesto para este año alcanzar la cifra de las 945 hectáreas.
Esta limitación se realiza en base al análisis de las perspectivas de mercado, la previsión del impacto de las nuevas superficies que van a entrar en producción, los derechos de plantación y autorizaciones concedidas todavía sin ejercer y las recomendaciones de las organizaciones profesionales más representativas del sector.
