[dropcap]E[/dropcap]ra lógico esperar que con una jefatura del Estado corrupta (corrupción conocida y consentida, según indicios muy potentes) el régimen saliera corrupto.
En estos días aparecen en nuestra prensa nuevas informaciones sobre las pesquisas e investigaciones (que continúan ya que hay países donde la justicia funciona bien y de manera independiente) de lo que parece una corrupción asumida como costumbre en algunos de los más altos poderes de nuestro Estado. Lo cual vendría a significar que la corrupción en nuestro país, con este régimen, tiene y/o ha tenido un lugar privilegiado de decisión y control y por tanto también un enorme poder de contagio.
Y eso, el contagio de un hecho tan grave y determinante como es la corrupción institucionalizada a partir de sus más altas instancias, según nos demuestra la Historia, suele abocar al desastre colectivo al consumir las energías y aniquilar moral y civilmente a la sociedad que la padece.
En algunas de estas investigaciones, nuestro CNI (han oído bien) aparece implicado en maniobras no muy claras de lo que algunos de los afectados o afectadas en estas tramas describen como maniobras de presión (o amenaza) para que los engranajes de la corrupción institucionalizada sigan bien lubricados y no sufran imprevistos desagradables en su dinámica de costumbre, o que puedan dar con ella al traste.
Tanto por el que cometió la corrupción, como por el que decía desconocerla, aunque era beneficiario y heredero de sus productos, como por los que miraron para otro lado y/o participaron de sus réditos, nuestra democracia ni lo es ni tiene por ese camino futuro alguno.
No es un problema de personas corruptas, es un problema de modelo y Estado corrupto.
Ni que decir tiene que de un escenario como este, tan deprimente y mantenido en el tiempo, se derivan conclusiones bastante fundamentadas e inquietantes sobre cierto sector de nuestra política, nuestra justicia, y nuestra prensa.
En estos días hemos sabido también que el juez del caso «Kitchen» (un affaire dirigido y ejecutado desde las cloacas de nuestro régimen y cuyo objetivo final era que la investigación de la corrupción del PP fracasara, escamoteando pruebas al juez para que nuestra justicia siguiera siendo en algunos de sus ámbitos fundamentales una justicia intervenida, manipulada, y, en definitiva, poco independiente) considera que el responsable último de todo ello es Fernández Díaz, exministro del Interior en el gobierno de Rajoy.
Hemos de asumir plácidamente que las reuniones de Villarejo (operario y beneficiario de las cloacas) con Cospedal y compañía, de las que se conocen no pocos detalles, están «amparadas por el derecho de reunión». Suena raro
A pesar del impulso y objetivo político de esta operación de las cloacas… a pesar de las cadenas de mando que operan en toda organización política… a pesar de que el mismo Rajoy pidiera a Bárcenas que fuera fuerte (y a poder ser mudo) ante la investigación incipiente, en un wasap que se hizo famoso… a pesar de que es conocida la frase de Fernández Díaz (en el contexto de otra operación de corrupción, frase que quedó grabada) el cual dijo aquello tan notable y significativo de «El presidente lo sabe»… hemos de creer sin embargo que la idea, la planificación, y la decisión última en este caso de corrupción, la operación Kitchen, tan importante y decisiva para el PP, arranca de Fernández Díaz.
Debemos asumir, por tanto, que así como nuestro régimen tuvo un «señor X», tiene ahora un «señor Y», y tendrá en el futuro un «señor Z». Y es que lo que más nos debe preocupar de esta imperfecta resolución de los casos, con una manifiesta impunidad de ciertos personajes de alto rango, verdaderamente intocables (no todos somos iguales ante la Ley), es que este pasado ominoso sea también presente y futuro. Nunca tendremos un caso “Watergate” porque nunca hemos sido una democracia de verdad.
Quizás el efecto contagio a partir de un mal que radica en las alturas explique algo tan inexplicable y exótico como nuestro número desorbitado de «aforados», sin parangón en los países de nuestro entorno.
También hemos de asumir plácidamente que las reuniones de Villarejo (operario y beneficiario de las cloacas) con Cospedal y compañía, de las que se conocen no pocos detalles, están «amparadas por el derecho de reunión». Suena raro.
De la misma forma que ya teníamos medio asumido (es un decir) que el senador Cosidó, del PP, se jactase ante sus colegas de toquetear a los jueces del Tribunal Supremo por detrás, sin que tal afirmación (no solo sorprendente sino muy preocupante), tuviera más consecuencias que la necesidad para Cosidó de pedir perdón y disculpas, en vez de dar explicaciones y detalles de lo afirmado.
¿Perdón por haber roto la omertá?
Se concede y que la omertá siga.
En medio de esto, uno de nuestros sindicatos principales pide un trato diferencial al no poder asumir (según dice) los costes económicos de su corrupción.
Que a lo peor es uno de los sindicatos que temen por la «seguridad jurídica» de una solución excepcional para los interinos estafados en que no sean ellos -los interinos abusados y estafados- las víctimas y paganos de la estafa, todo en uno.
Es decir, los autores de una estafa (eso es lo que parece el asunto de los ERE) reclaman un trato diferencial para ellos, al mismo tiempo que temen por la «seguridad jurídica» si las víctimas de una estafa, los interinos abusados, resultan consolidados en su puesto como compensación pertinente y proporcional a la estafa de la que han sido víctimas, prefiriendo dichos sindicalistas que los autores de dicha estafa (los administradores y colaboradores en la cosa pública) resulten exculpados de cualquier responsabilidad.
Y a esta lógica y forma de pensar es a la que llaman «seguridad jurídica». Muy propio del régimen.
¿Es necesario decir que en estas condiciones una democracia ni lo es ni tiene futuro y que el diagnóstico del 15M fue impecable?
