La Audiencia Provincial de Salamanca condenó a dos años de prisión a una vecina de Béjar por un delito continuado de estafa. La mujer reconoció mediante acuerdo judicial que formaba parte de un entramado fraudulento mediante el que sustraía tarjetas crediticias de ciudadanos extranjeros e invertía en moneda virtual para ocultar su origen ilícito y generar dividendos para su propio enriquecimiento y el de sus colaboradores.
Según recoge la sentencia consultada por la Agencia Ical, los hechos se remontan a los meses posteriores al 7 de mayo de 2016, cuando la mujer dio de alta un servicio de terminal de punto de venta en internet que utilizaba, con la participación de terceros, para sustraer paquetes de numeraciones de tarjetas bancarias, y se prolongaron hasta el 11 de junio de 2018, cuando las fuerzas policiales efectuaron entrada y registro en su domicilio de la ciudad textil. La condenada colaboró facilitando el acceso a sus cuentas y a su ordenador.
Gracias a ello se pudo conocer que la operativa fraudulenta incluía la creación a nombre de la condenada de una falsa casa de compra venta de criptomoneda Bitcoin, una página web que era una copia de otros sitios y que no estaba operativa al público, solo cumplía el cometido de simular el ejercicio de una actividad profesional de manera legal, tener acceso a una terminal de punto de venta y asociarlo a cuentas bancarias, con el fin de dar apariencia de legalidad a los cargos efectuados en las tarjetas obtenidas fraudulentamente. En definitiva, con ello justificaba sus actividades fraudulentas y los ingresos percibidos ante terceros y ante el banco para contratar la terminal punto de venta virtual.
A partir de ahí, las cantidades defraudadas iban a parar a cuentas corrientes a nombre de la condenada, entre las que destaca una en la que recibió ingresos por valor aproximado de 40.000 euros entre el 9 de octubre de 2016 y el 12 de julio de 2017. Una vez ingresadas las cantidades correspondientes a las transacciones, la condenada transfería el dinero a una cuenta a su nombre en la empresa detrás del portal online de compraventa de criptomonedas, ubicada en Reino Unido, y realizaba compra de moneda virtual. Ello con el fin de transformar las ganancias obtenidas en moneda virtual para ocultar su origen ilícito, dificultar su seguimiento y transferirlas a otras personas con las que colaboraba.
Asimismo, y según aparece en la sentencia, la mujer se apoderaba de una parte del botín obtenido, a razón de unos mil euros al mes, para satisfacer su ilícito ánimo de lucro. La misma cuenta realizó compras al portal de criptomoneda por valor aproximado de 30.000 euros entre el 8 de noviembre del 2016 y el 13 de julio del 2017. Además, la condenada realizó un gasto en el portal de 120.458 euros entre el 27 de junio del 2016 y el 13 de julio del 2017.
Por tales operaciones se constataron, desde el 27 de junio de 2016 hasta el 10 de abril de 2017, al menos 139 transacciones reportadas fraudulentamente por importe total de 55.504 euros. Además desde junio de 2017 hasta abril de 2018 se reputó un fraude confirmado de 57.000 euros. Asimismo, el terminal de punto de venta virtual contratado por la mujer habría tenido desde junio de 2017 unas transferencias consumadas a su favor de 136.964 euros, si bien fueron intentadas un total de 301.999 euros.
