El Gobierno impulsa la reforma de la ley de universidades

El Consejo de Ministros ha analizado el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), cuyo texto es el resultado de un año de consultas previas a órganos colegiados del sector universitario, rectores, estudiantes, agentes sociales y grupos parlamentarios.

Tras poner de relieve este ejercicio de diálogo y el respeto escrupuloso a las competencias autonómicas y al principio constitucional de autonomía universitaria, el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha defendido la necesidad de renovar la Ley Orgánica 6/2001, que rige las universidades desde hace 20 años: «En estas dos décadas ha habido cambios profundos en el mundo y la sociedad, además de dos graves crisis económicas que han golpeado extraordinariamente a las universidades públicas».

Los tres principales objetivos de la futura ley son la mejora de la calidad del sistema universitario, la vinculación con la economía y el empleo y poner fin a la precariedad del personal docente e investigador.

Para mejorar la calidad del sistema, Castells ha incidido en la investigación: «Para mí, sin investigación no hay universidad». Así, se obligará a que todas las universidades destinen al menos el 5% de su presupuesto a investigación y se establecerá una reserva del 15% de las plazas que se convoquen en la universidad para investigadores que opten por la carrera universitaria.

Junto a la investigación y la transferencia, se establecerá la docencia como mérito para la carrera académica, «acabando con la contradicción de que nos pagan por enseñar, pero nos promocionan sin considerar la calidad de la docencia», ha afirmado el ministro. Se establece la nueva figura de profesores distinguidos como método de atracción del talento internacional al más alto nivel.

La vinculación con la economía y el empleo se estrechará gracias a medidas como las pasarelas entre la universidad y la formación profesional superior, la cobertura legal a la mención dual, a las prácticas en las empresas y a los doctorados industriales, y al emprendimiento, sentando las bases para que las universidades puedan crear y participar en empresas y entidades basándose en el conocimiento generado.

Con el objetivo de combatir la situación de precariedad en que se encuentra parte de su personal, principalmente el profesorado asociado, la LOSU dota de diferentes herramientas a las universidades. Entre ellas destaca una carrera académica estable para el profesorado permanente con doctorado en tres niveles (profesores ayudantes doctores, titulares y catedráticos), la reducción de la temporalidad en la contratación del personal docente e investigador del 40% al 20%, y el incremento del 51% al 55% del porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las universidades públicas.

Manuel Castells ha afirmado que «los estudiantes son la razón de ser de la universidad» y por ello el nuevo texto reafirmará sus derechos y deberes.

El primer derecho es el de tener acceso a la educación superior tras superar las pruebas correspondientes, ha dicho el ministro. Por ello, se seguirá reforzando la política de becas del gobierno y manteniendo los límites máximos de precios públicos establecidos anualmente por la Conferencia General de Política Universitaria.

La participación de los estudiantes en los órganos de gobierno, departamentos y facultades se verá favorecida con la creación de un Consejo de Estudiantes en cada universidad.

Rectorado, Decanatos y Consejos Sociales

Manuel Castells ha explicado que, aunque se va a mantener el sistema actual de elección del rector o rectora, se ha incluido un segundo método a través de un comité de selección en el que un 30% serán personas no pertenecientes a dicha universidad. Los requisitos para alcanzar el rectorado también se modifican, y se exigirán 3 sexenios de investigación, 3 quinquenios de docencia y 4 años de experiencia de gestión.

Los Consejos Sociales, por su parte, serán elegidos, por las asambleas legislativas autonómicas a partir de candidaturas abiertas. También se renovará el sistema de elección para los decanatos de las facultades.

Financiación y gestión

La futura ley establece el principio de financiación suficiente para las universidades públicas, que permita hacer posibles las reformas. Castells ha recordado que ya se ha establecido en la nueva ley de Educación, mediante acuerdo con las comunidades autónomas, un incremento gradual del gasto público educativo hasta llegar a un mínimo del 5% del PIB en una década. Se diferenciará entre financiación estructural, por objetivos y singular.

En gestión presupuestaria, se establece la obligación para cada universidad de establecer una contabilidad analística o equivalente, la rendición de cuentas, y se impulsará el mecenazgo y nuevas fórmulas de ingresos, como los derivados de empresas creadas y participadas por las universidades, o de patentes.

Internacionalización

Finalmente, el ministro de Universidades ha enfatizado la necesidad de favorecer la internacionalización e integración de las universidades españolas en el Espacio Europeo de Educación Superior, potenciando entre otros, los programas como Erasmus+ y Erasmus Mundo, la movilidad internacional del profesorado y el personal de gestión, las alianzas interuniversitarias con otros países, la creación de títulos compartidos con universidades extranjeras y la participación activa en los programas de cooperación con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Para todo ello, se simplificarán los trámites administrativos para homologaciones y titulaciones.