El Ministerio de Hacienda transfiere este viernes a Castilla y León un total de 519 millones de euros correspondientes al primer tramo del fondo extraordinario dispuesto por el Gobierno para hacer frente a los gastos del Covid. El dinero transferido supone el 70 por ciento de estas partidas, que sumarán 13.486 millones de euros a final de año y que se distribuirán de acuerdo con los criterios de población, según informaron fuentes del Ministerio de Hacienda.
ICAL. Así se decidió en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado 28 de julio, recuerda el Gobierno en un comunicado. La entrega que se efectúa este viernes asciende a los 9.440 millones de euros. El resto del fondo, el equivalente al 30 por ciento del total, es decir, los 4.046, de los que Castilla y León contará con 222 millones se transferirán en noviembre.
Esta transferencia adicional y extraordinaria a las Comunidades Autónomas, que se encuentra al margen del sistema de financiación, ya se había comunicado a los gobiernos regionales en el otoño de 2020 y estaba contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.
Con este fondo, el objetivo del Gobierno es que el Estado central asuma una parte importante del déficit autonómico y que de esta manera las Comunidades Autónomas cuenten con más margen de maniobra y mayor liquidez para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia y para que puedan prestar con calidad los servicios públicos ligados al Estado del Bienestar.
La distribución de estos recursos entre las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas se realiza con el criterio de población ajustada. Es la fórmula por la que la mayor parte de gobiernos regionales optó cuando el Ministerio de Hacienda, bajo el principio de la cogobernanza y buscando el máximo consenso, abrió un proceso de diálogo con las Comunidades Autónomas para conocer qué criterio de reparto preferían aplicar para distribuir el fondo.
En concreto, de acuerdo con el Real Decreto aprobado en agosto, el criterio que se sigue para las Comunidades de régimen común es la población ajustada definitiva de 2020, calculada de acuerdo con las variables y ponderaciones previstas en la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación.
La asignación a País Vasco y Navarra responde a la población ajustada de 2020 que resultaría de aplicar a todas las Comunidades Autónomas, incluidas las forales, las variables y ponderaciones previstas en la Ley 22/2009.
Por último, a Ceuta y Melilla se les ingresará un total de 10 millones de euros y, por tanto, 7 millones en esta primera entrega de este viernes.
Este fondo extraordinario se suma a unas entregas a cuenta récord del sistema ordinario de financiación, que ascienden este año a 105.589 millones de euros y que en 2022 crecerán más de un 6% hasta marcar un nuevo hito histórico al rebasar los 112.000 millones de euros, un dato que es reflejo de la reactivación de la economía que han favorecido las medidas que adoptó el Gobierno para luchar contra la crisis provocada por la pandemia.
Además, en este 2021 las Comunidades Autónomas han recibido 7.000 millones para ayudar a reforzar la solvencia de pymes y autónomos afectados por la crisis sanitaria y también han percibido transferencias a cargo de los recursos comunitarios: 8.000 millones de euros del fondo REACT, a lo que hay que sumar que ya se han distribuido más de 7.500 millones del Plan de Recuperación en las distintas conferencias sectoriales.
Con vistas a 2022, los territorios también contarán con recursos extraordinarios al margen del sistema de financiación. Así, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, transmitió a los consejeros autonómicos en el último Consejo de Política Fiscal celebrado a finales de julio, las Comunidades Autónomas recibirán una transferencia adicional de unos 3.900 millones de euros para cubrir las liquidaciones negativas de 2020 y, además, los Presupuestos Generales del Estado para 2022 incorporarán una partida de unos 3.100 millones de euros con los que el Estado compensará el perjuicio económico que supuso el cambio normativo en el IVA aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.
