El Ministerio de Hacienda ha autorizado un fondo de 3.571 millones de euros para renovar el concierto con las aseguradoras sanitarias que prestan servicio a la mutualidad de funcionarios, tras las quejas de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)
No obstante, desde CSIF – sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado– ven con preocupación que el presupuesto asignado al concierto no sea suficiente para compensar la situación de marginación que ha sufrido la entidad a la hora de hacer frente al Covid. Debemos recordar que mientras que las CCAA recibieron 16.000 millones de euros para adaptar su asistencia sanitaria a la pandemia, Muface no vio modificado su presupuesto para que la asistencia sanitaria de los y las mutualistas también pudiera hacer frente a las consecuencias del virus.
En este sentido, «tememos que las aseguradoras intenten minimizar el coste del servicio y por tanto redunde en la calidad de las prestaciones o en la continuidad del concierto, lo que supondría que el funcionariado que recibe atención sanitaria a través de ellas se viera en una situación muy comprometida, teniendo en cuenta, además, las dificultades y los recursos limitados del Sistema Nacional de Salud, seriamente tensionado por la pandemia», explican.
Por este motivo, desde ya, CSIF va a vigilar la calidad en la prestación sanitaria, atenderemos las quejas de los usuarios y nos reservamos las acciones necesarias para defender este modelo si se producen retrasos, disfunciones o recortes en las prestaciones.
Desde CSIF quieren dejar claro que no van a consentir que se deje morir de inanición al mutualismo administrativo y que no van a admitir la pretensión de Unidas Podemos de eliminar paulatinamente el modelo Muface, Mugeju e Isfas. Por ello, reclaman una reunión a la ministra de Hacienda para que les ofrezca garantías de futuro.
Además, desde ya, CSIF va a vigilar la calidad en la prestación sanitaria, «atenderemos las quejas de los usuarios y nos reservamos las acciones necesarias para defender este modelo si se producen retrasos, disfunciones o recortes en las prestaciones».
CSIF recuerda que las mutuas nacieron para corregir una discriminación que padecían los funcionarios respecto al resto de ciudadanos españoles y que la atención sanitaria que realizan estas entidades se presta bajo las condiciones que establece la Administración Pública en el concierto con las aseguradoras, que son diferentes a las ofertadas en un seguro privado y están enmarcadas en las prestaciones de la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud.
Por ello, en CSIF van a seguir siendo centinelas de este modelo. Se trata de un derecho de los funcionarios mutualistas y es una obligación del Gobierno mantenerlo para garantizar una asistencia sanitaria con el mismo nivel de calidad que en la sanidad pública.
