Cáritas junto a la fundación para el Fomento de Estudios Sociales y de Sociología aplicada han presentado un informe en el que constatan el deterioro de las condiciones de vida de los españoles por la Covid-19.
Los datos presentados por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, y Thomas Ubrich, técnico del Equipo de Estudios, alertan de que el panorama que la crisis provocada por la pandemia está dejando un impacto muy preocupante, con una profunda huella de importantes consecuencias en las condiciones de vida y niveles de integración social de las personas y familias.
Según el avance de resultados de la encuesta FOESSA 2021 (realizada a más de 7.000 hogares de todas las Comunidades Autónomas) que se incluye en el informe, en 2021, año y medio después del estallido de la pandemia, son ya 11 millones las personas que se encuentran en situación de exclusión social en España. Esto revela un ensanchamiento del espacio de la exclusión, donde viven ahora 2,5 millones de personas nuevas respecto a 2018, fecha de la anterior encuesta.
Se registra, asimismo, un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población: la integración plena en 2021 —es decir, hogares que disfrutan de una situación en la que no sufren ningún rasgo indicativo de la exclusión— es disfrutada por solo 4 de cada 10 hogares de España (el 42%). Esto marca un descenso de más de 7 puntos respecto del año 2018 (donde el porcentaje era del 49%).
Otra de las alertas del informe es que, por primera vez desde 2007 las personas en exclusión severa superan los 6 millones de personas, convirtiéndose en uno de los grandes damnificados por la COVID-19, con un incremento de casi 2 millones personas respecto del año 2018.
Perfiles más afectados por el virus social
Es el caso de un grupo tradicionalmente afectado, el de las familias con niños, niñas y adolescentes en su seno. Las dificultades que entraña la crianza, y la debilidad de los apoyos públicos a las familias con menores de edad a cargo, incrementan el riesgo de exclusión social en estos hogares, que es del 27% de parejas con hijos frente al 18% entre parejas sin hijos. Esta incidencia es mucho más acusada si se trata de una familia numerosa (47%) o de un hogar monoparental (49%), especialmente cuando la persona sustentadora principal es una mujer.
Por otra parte, el país de origen es otro de los condicionantes que pueden ser determinantes. La pandemia ha intensificado situaciones de exclusión críticas para la población de origen inmigrante y ha convertido en crónica su obvia posición de desventaja. Esto se evidencia en una clara sobrerrepresentación de este grupo en el espacio de la exclusión (38%), aún más marcada en el de la exclusión severa (65%).
Nuevos factores de exclusión social
El 25% de los hogares atraviesan graves dificultades en la dimensión del empleo, debido a las situaciones de desempleo, pero también por la realidad de un mercado laboral cada vez más precarizado y donde obtener un trabajo digno es cada vez más difícil, lo que conllevan una realidad de ingresos bajos e insuficientes. Esta precariedad salarial afecta en particular a la hora de garantizar el acceso y mantenimiento a una vivienda y suministros, y que afecta al 24% de hogares españoles.
El empleo no asegura la integración social. La diferencia entre tener o no tener un empleo es definitiva. Con respecto a 2018, prácticamente se ha duplicado el número de hogares con todas las personas activas desempleadas (pasando de 5,9% a 10,3%) y de hogares cuya persona sustentadora principal está activa, en inestabilidad laboral grave, pasando del 4,8% al 10,3%.
Vivienda, energía, agua e internet son derechos humanos sistemáticamente vulnerados. Sigue aumentando el número de familias para quienes los gastos de la vivienda suponen tal carga que, una vez realizados estos, se quedan en situación de pobreza. Esta realidad afecta a día de hoy al 14% de los hogares.
Aumento de la pobreza severa y erosión de las relaciones sociales
Asimismo, la dimensión del empleo y de la vivienda se vinculan de manera innegable con la exclusión del consumo, que se ha disparado notablemente, al pasar del 14,5% en 2018 al 17,6% en 2021, lo que supone un alza del 21%.
La estrecha relación entre dificultades con el empleo y exclusión en el consumo se hace patente al comprobar que, para el conjunto de hogares afectados por la exclusión en el empleo, la pobreza severa se eleva hasta el 30%, que triplica el nivel de afectación del conjunto de la sociedad.
Necesidad de un adecuado sistema de protección social
El informe señala cómo en su configuración y normativa actual el Ingreso Mínimo Vital ofrece una cobertura insuficiente y presenta lagunas importantes.
Sólo una cuarta parte de estos hogares ha recibido información correcta y suficiente para iniciar el trámite de solicitud, y, en consecuencia, sólo un 26% de los hogares en pobreza severa han conseguido realizar el mismo. Es decir, más de dos tercios de estos hogares (el 68%) no lo han solicitado a pesar de sus escasos o nulos ingresos.
En definitiva, solo el 18,6% de los solicitantes en pobreza severa está cobrando el IMV o, al menos, lo tiene concedido. Y a casi la mitad del total de solicitantes en pobreza severa (el 49%), le ha sido denegado.
