Auditoría a la empresa concesionaria del transporte sanitario

La oposición denuncia irregularidades mientras que PP defiende a la compañía
concentracion ambulancias
Concentración con motivo de la situación del convenio del transporte sanitario. Ical

Las cortes han aprobado por unanimidad realizar una auditoría a la empresa adjudicataria del servicio de ambulancias.

Ical – Las Cortes de Castilla y León han aprobado por unanimidad una moción en la que se insta a la Junta a la realización de una auditoria de los contratos de la empresa adjudicataria del transporte sanitario de la Comunidad, Ambuibérica, a la que la oposición atribuyó irregularidades con los empleados y en el uso y calidad de las ambulancias. 

En la presentación de la moción, seguida desde la tribuna de invitados por representantes sindicales y por otros concentrados en las puertas de las Cortes, la socialista Yolanda Sacristán denunció “los incumplimientos” de la empresa Ambuibérica, con vehículos que superan los 400.000 kilómetros exigidos en el contrato.

“Hablamos de una empresa que mantiene hacinados a los pacientes por la falta de ambulancias”, siguió, para indicar que la Junta la ha destinado más de 800 millones de euros sin que se haya fiscalizado su actuación. “Qué tipo de inspección han hecho”, inquirió, para insistir en quién fiscaliza el millón recibido por la empresa durante la pandemia. 

En la moción se recuerda que entre julio de 2014 y 2016, la Junta de Castilla y León adjudica al Grupo Ambuibérica y sus empresas filiales la concesión del transporte sanitario terrestre en la Comunidad de Castilla y León, a excepción de la provincia de Soria. Posteriormente, la Consejería de Sanidad prorroga este servicio al mismo grupo empresarial hasta 2022.

Postura del gobierno regional

El procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado manifestó que se trabaja para mejorar la sanidad de Castilla y León, defendió a la empresa Ambuibérica y planteó una enmienda en la que cambió la realización de una auditoria por la supervisión, control y seguimiento periódico para el cumplimiento de los contratos.

Por su parte, la popular Ángeles García pidió que se denuncie en un juzgado si la empresa usa vehículos de Sacyl para traslados privados o incumple el contrato tanto con los empleados como en los medios, pero criticó que solo se denuncie a la compañía en Castilla y León cuando tiene contratos en otras comunidades, en lo que vio como “un afán de destrucción del tejido empresarial”.

García manifestó que los controles y las inspecciones existen por la Gerencia de Urgencias Sanitarias en todas las provincias para realizar un seguimiento del contrato. “Solo les interesa propaganda incendiaria con medias verdades”, censuró, para añadir que el 98 por ciento de los usuarios está satisfecho con el transporte sanitario. “El Grupo Socialista solo hunde esta tierra, que triste”, zanjó.

 

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