Tres décadas después, el asesinato de Miriam, Toñi y Desirée sigue sin resolver. Las autoridades continúan con la investigación para que se pueda finalizar el caso antes de que prescriba en el año 2029.
Actualmente las investigaciones se centran en los ya condenados por el triple crimen, Ricart y Anglés. Si hace unos días salía a la luz que la magistrada que lleva el caso, Elisa Fort, había ordenado analizar el ADN de más de 50 pelos encontrados en los cadáveres. Ahora ha aprobado que la Guardia Civil registre los coches de los condenados, en busca de restos biológicos, como filamentos capilares, que coincidan con el ADN de las tres adolescentes asesinadas, según ha adelantado el diario Las Provincias.
Este medio ha informado que este nuevo dispositivo de inspección habría empezado este miércoles. Esta investigación se está llevando a cabo en los coches que habrían utilizado los condenados, un Seat Ronda y un Opel Corsa blanco. Este último es el que se habría utilizado para el secuestro.
La nueva investigación viene de la mano de un cambio de criterio de la jueza, quien este verano apoyó no continuar la pista de los coches. Esa decisión levantó polémica y, asociaciones involucradas en el caso, como la Asociación Laxshmi mostraron su rechazo.
En 1993 no se encontraron vestigios genéticos en el Opel Corsa. De los 165 pelos encontrados se extrajo ADN de 7, pero ninguno coincidió con el de las víctimas. Ahora, agentes del Equipo Central de Inspectores Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil se han trasladado a Valencia para examinar el Opel Corsa. Gracias a las nuevas técnicas con que cuentan, tienen una mayor facilidad de encontrar sangre o fluidos de cualquier tipo.
El 13 de noviembre de 1992, las adolescentes Miriam, Toñi y Desirée desaparecieron cuando se dirigían hacia una discoteca haciendo autoestop. El 27 de enero de 1993 se encontraron los tres cadáveres en el pasaje de La Romana, en el término municipal de Tous (Valencia). Las jóvenes habían sido secuestradas, violadas, torturadas y asesinadas. Al día siguiente la Guardia Civil detuvo a Miguel Ricart, que fue condenado en 1997 a 170 años de prisión. Por su parte, Antonio Anglés, consiguió huir de las autoridades y a día de hoy continúa sin conocerse su paradero.
