Bochornosa renovación del Tribunal Constitucional

El PP ha conseguido llevar al barro al Gobierno y al Tribunal Constitucional en una jornada bochornosa para la democracia española, que ha sufrido una de sus mayores humillaciones públicas.

Tocaba renovar cuatro puestos del Tribunal Constitucional y el PSOE y el PP se han repartido dos cada uno. Los candidatos del Gobierno y Unidas Podemos han pasado todos los filtros sin reproches, mientras que el PP ha presentado a dos que constituyen una declaración de intenciones.

Concepción Espejel, que llevaba la última década en la Audiencia Nacional, donde preside la Sala de lo Penal, fue recusada en su día en el caso Gürtel, uno de los casos de corrupción del PP, para no comprometer la apariencia de imparcialidad del tribunal que debía juzgar a la red de corrupción de Francisco Correa. Espejel había sido designada por el PP en 2008 como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Su más que marcada afinidad al PP estaba acreditada incluso por sus propios compañeros que la recusaron en su día. Pero con todo y con eso, ha quedado relegada a un segundo plano por el mayor escándalo al que hemos asistido en directo en los últimos años.

El otro candidato del PP era el jurista (no es juez) Enrique Arnaldo, letrado de las Cortes y catedrático de Derecho Penal, cómo no, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (la creada por el PP de Madrid en tiempos de Ruiz Gallardón y que se ha visto envuelta en la polémica de los títulos falsos para algunos dirigentes del PP), exvocal del CGPJ y un abogado de Madrid, miembro del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana (Suiza) además de expresidente del Tribunal Administrativo del Deporte español (TAD).

Está vinculado a la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, más conocida por su acrónimo FAES, es una fundación privada española, creada en 1989 y ligada al Partido Popular, partido con cuyos gobiernos regionales y locales Arnaldo ha facturado trabajos por más de un millón de euros.

Además, aparece en los sumarios de los casos Lezo y Palma Arena, ambos de dirigentes del PP. Con todo esto en la mochila, tuvo la osadía de decirle a un diputado durante la sesión en la que se evaluó su idoneidad para el cargo al que estaba propuesto, que no era menos digno que él y que nadie.

O sea, que además de no reunir los requisitos de una trayectoria intachable, demostró carecer de la dignidad y la imparcialidad que se le exige a los magistrados del Tribunal Constitucional, que ocuparán el cargo durante 9 años con un sueldo anual de 130.000 euros, y decidirán asuntos que afectan a la vida de los ciudadanos, como la eutanasia y el aborto, recurridos ante el TC por la derecha y la extrema derecha, y han de velar por el respeto a la Constitución, cuando parece que se ha ido saltando las normas cuando se le ha presentado la ocasión. También al compatibilizar sus clases en la universidad pública con la privada, cuando está prohibido.

No es que no sea indicado para tan elevada dignidad, sino que ni siquiera lo parece.

Un depredador insaciable, al borde de la ley, que no lo querrían en su casa ni para encargarse de llevar las cuentas de la comunidad de vecinos, nos lo han metido con calzador para ocupar un puesto en el más alto tribunal español.

Hasta ahora solo sabíamos que alguien era un corrupto cuando se le pillaba con las manos en la masa, tarde, pero se le pillaba, pero en esta ocasión lo sabemos de antemano y nos da lo mismo.

¿Qué interés tiene el PP en apostar por un candidato que no reúne los mínimos requisitos de dignidad para el cargo? ¿Será para que le devuelva los favores desde su puesto? ¿El PP no tenía otra persona más adecuada? ¿El PP espera que sea más fácil que este magistrado se pliegue a sus criterios? ¿El PSOE y UP quieren que creamos que la elección de este magistrado es un mal menor? ¿de verdad creen que el PP va a desbloquear la renovación del CGPJ tras esto?

El PP ha vuelto a rebozar la democracia española por el barro en una operación tan turbia que no se acaba de entender el voto a favor de este candidato por parte del PSOE y de Unidas Podemos.

Este jueves se le ha dado el visto bueno a los dos del PP y a los dos propuestos por el PSOE, Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez Valcárcel, y en junio el Gobierno elegirá a otros dos y el Consejo general del Poder Judicial (CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces) a otros dos.