Entre mil y 2.000 universitarios de las cuatro instituciones públicas, según las primeras estimaciones, podrán hacer cada curso prácticas académicas externas no remuneradas económicamente en cualquier de las unidades administrativas de las consejerías y organismos autónomos de la Junta, que es la primera empresa en número de empleados de Castilla y León
ICAL. Gracias a la firma de un convenio entre la administración autonómica y las universidades de Salamanca, Valladolid, León y Burgos, la Junta busca captar y retener el talento en la Comunidad, mostrando la administración como un espacio idóneo en el que los profesionales pueden desarrollar su carrera al servicio de los castellanos y leoneses. Además, esta formación práctica pretende que los estudiantes de grados, másteres y títulos propios adquieran unas competencias que les ayuden a una mejor inserción en el mundo laboral.
Los universitarios de la Comunidad ya venían realizando prácticas en la Junta pero, con el nuevo convenio, se simplifica y centraliza el proceso de la solicitud de prácticas, ya que antes cada universidad debía firmar un acuerdo particular con cada consejería y organismo autónoma, con la correspondiente burocracia administrativa.
El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, aseguró que la estrategia de la Consejería en materia de Función Pública pasa por la captación y la retención del talento, porque expresó el deseo de la Junta en contar con los profesionales mejor formados en la Comunidad, lo que pasa por quedarse en Castilla y León. «Queremos contar con su talento y potencial al servicio de las personas de la Comunidad, y creemos que la administración es un buen lugar para desarrollar todo ese potencial. No podemos captar talento y modernizar la administración si no somos capaces de hacerlo sobre la realidad y las necesidades que demanda la sociedad», aseveró.
Además, consideró, según recogió la Agencia Ical, que se trata de un plan ambicioso para que la formación y las competencias que se trabajan en las universidades tengan cabida en la administración, sobre todo al recordar que Castilla y León es «líder» en todos los indicadores en materia educativa.«Este acercamiento tiene un largo recorrido pero es un nuevo paso en la relación con un soporte jurídico único que facilitará y simplificación del desarrollo de las prácticas», expuso.
En el mismo sentido, se pronunció la consejera de Educación, Rocío Lucas, quien destacó que este convenio facilitará que los estudiantes universitarios de Castilla y León tengan la oportunidad de formarse «entre los mejores profesionales de lo público, entre nuestro personal», además de completar su experiencia académica aprendiendo de todos los servicios de la Junta. «Sobre el terreno, estos universitarios podrán aplicar sus conocimientos en sus carreras y conocer, de primera mano, cómo se implementan las políticas públicas en la Comunidad», añadió.
Estas prácticas externas se podrán articular en cualquiera de las unidades administrativas y centros de las consejerías y organismos autónomos dependientes de estas de la Administración de la Comunidad, con alumnos de todas las ramas, más allá de los grados tradicionales de Derecho y Economía.
Además, no podrán tener la consideración de mérito para el acceso a la función pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ni podrán ser computadas a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios previos. Además, tal y como apuntó la directora general de Función Pública, Paloma Rivero, no tendrán una remuneración económica para los estudiantes y solo obtendrán los créditos que marque cada facultad o escuela universitaria.
En este sentido, puso en valor el intercambio del conocimiento y la mejora de la formación del alumno, que va más allá del rendimiento económico. En cuanto al personal público, los tutores de los universitarios en práctica tendrán el reconocimiento a través de su carrera profesional, que luego se traslada en una retribución económica.
En relación con su duración, estará sometida a la que establezca el correspondiente plan de estudios de las enseñanzas universitarias oficiales aunque el convenio establece que las prácticas externas extracurriculares tendrán preferentemente una duración no superior al cincuenta por ciento del curso académico, sin perjuicio de lo que fijen las universidades, procurando el aseguramiento del correcto desarrollo y seguimiento de las actividades académicas del estudiante.
Además, las condiciones particulares de cada práctica se concretarán en un proyecto formativo para cada estudiante, según establece el texto. En todo caso, se procurará que el proyecto formativo se conforme siguiendo los principios de inclusión, igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
Los rectores de la Usal, Ricardo Rivero; UVa, Antonio Largo; ULe, Juan Francisco García, y UBU, Manuel Pérez Mateos, destacaron el convenio que es un ejemplo de colaboración entre la Junta y las instituciones académicas públicas. No en vano, reconocieron que esta centralización simplificará la firma de convenios, antes multiplicada, y facilita y agiliza la llegada de los estudiantes a la administración pública. Un paso más en la formación dual que impulsan las universidades que, hasta ahora, tenían un mayor colaboración con las empresas.
