La Inspección del Ministerio de Trabajo y Economía Social detectó 354 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) de carácter fraudulento desde que se inició la pandemia en Castilla y León, el seis por ciento del total nacional, que asciende a 5.832. Estas infracciones en la Comunidad suman 1,38 millones en sanciones por parte del departamento dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, según pudo conocer la agencia Ical.
En comparación con los miles de ERTES y de empleos que esta figura ha salvado durante los últimos 22 meses la cifra es nimia, tal y como coinciden en asegurar sindicatos y patronal, que sin embargo abogan por “perseguir a los tramposos”, tanto desde el punto de vista empresarial como del trabajador. Además, más allá del importe de la sanción que se impone cuando se detecta un ERTE falso, se obliga a la empresa a devolver la cantidad entregada por el Estado al empleado y a la firma a reintegrar las cuotas a la Seguridad Social que se ha ahorrado. Y por ende, debería abonar la nómina del paro que durante la vigencia del expediente pagó el SEPE.
“Hay que volver para atrás todo el proceso, como si no hubiera pasado, pero con una multa de por medio”, expresa el secretario de Acción Sindical, Coordinación y Diálogo Social de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, quien también explica que es necesario conocer en cada caso si el trabajador “es consciente”. “Es competencia desleal frente a los empresarios que sí han cumplido”, matiza el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, Fernando Fraile.
Por provincias, es en Burgos donde se han producido la mayor parte de las infracciones, con 109, una tercera parte del total, que se traduce en sanciones por valor de 302.000 euros; pero es León, con 89 ERTEs en fraude, la que suma la mayor cifra económica, con 491.000 euros, es decir, un 35 por ciento de las sanciones monetarias, algo que los sindicatos achacaron al importante peso del sector servicios y la construcción, que han aglutinado la mayor parte de los expedientes y, por tanto, obviamente, de las infracciones.
Igualmente, Valladolid contabiliza 48 infracciones, con 153.000 euros en multas; Soria, 40 y 68.000 euros; Segovia, 25 expedientes en fraude y 122.000 euros; Salamanca, con 14 y 140.000; Ávila, con 12 y 48.000 euros en sanciones; Zamora, con nueve y 32.000; y cierra Palencia, con ocho infracciones por fraude que se traducen en multas por valor de 23.000 euros.
Santa Eufemia sostiene que la acción es diferente si el trabajador tenía o no conocimiento del fraude, ya que se puede dar el caso de que cobrara el 70 por ciento del paro más lo que le pagaban en B por seguir trabajando. Pero también puede ocurrir que lo desconociera y la empresa absorbiera todo el montante. “Durante todo el confinamiento habíamos detectado que algunos sectores lo hacían. Si el trabajador que iba a trabajar tenía claramente una cotización y encima cobraba el paro, también ha cometido fraude”, denuncia. Una situación, añade, que se ha observado en construcción y hostelería, principalmente.
Además, son las pymes y aquellos sectores que más tarde han salido totalmente de los ERTEs los que más han cometido este delito: “Muchas veces los trabajadores aceptaban presionados”, defiende. Además de la sanción económica, las empresas dejarán de recibir subvenciones públicas en varios años, en función de la gravedad del fraude.
En la misma línea se posiciona Fernando Fraile, quien dirige este tipo de acciones durante el estado de alarma “probablemente a las industrias y los servicios”. “Es un número de empresas pequeñas, tramposas, pero que la Inspección debe perseguir a través de infracciones, que son graves”.
A su juicio, este fraude “es mayor del que se piensa”, pues al estar en un ERTE en fraude, “se exoneran de las cuotas de la Seguridad Social, pagan a los trabajadores el desempleo y están cobrando un sueldo; o tienen trabajadores a jornada parcial que les hacen estar en completa”.
“Les han dado unos 40.000 millones de euros en ERTEs para sujetar a las empresas y este puñado son unos tramposos. La Ley indica que tendrán que devolver las prestaciones al SEPE y la sanción que les impongan”, sostuvo Fraile, quien instó a la patronal “a hacer pedagogía con este puñado de empresas tramposas”. El responsable de CCOO cree que la gota que ha colmado el vaso y que ha destapado esta cifra de fraudes es la petición sindical en la última prórroga de los ERTEs, en septiembre, para profundizar en estas “trampas”. En todo caso, aboga por “no generalizar, porque son pocas”.
Por último, CEOE Castilla y León recuerda la “excepcional utilidad” que los ERTES han tenido, “y siguen teniendo”, en la actual crisis. “Son miles los puestos de trabajo que se han mantenido, y se siguen manteniendo, gracias a las suspensiones colectivas de contratos de trabajo de carácter temporal”, sostiene a Ical fuentes de la patronal. La organización aseguró que es la “primera interesada” en la existencia de una inspección de “trabajo útil y eficaz”, ya que “garantiza la existencia de un tejido empresarial fuerte y competitivo”.
Sin embargo, confía en que el resultado de la actuación inspectora “no empañe el reconocimiento a las empresas que han demostrado un compromiso leal para superar la actual situación”. El porcentaje de actas levantadas respecto a inspecciones realizadas es “mínimo”: en concreto, el 16 por ciento de las investigaciones en España ha concluido con una propuesta de multa.
Además, las infracciones inicialmente constatadas, defiende CEOE, responden a un amplio abanico, desde leves a muy graves, aunque todas susceptibles de impugnación administrativa y judicial. Por último, la patronal apela al desarrollo de un análisis de cada situación, dado el contexto de “urgencia e incertidumbre para los muchos empresarios que vivieron y siguen viviendo una situación crítica”.
