[dropcap]E[/dropcap]scucho en la radio y confirmo en otros medios que España ha descendido en su calificación de calidad democrática y ha pasado de democracia «plena» a democracia «defectuosa».
Esto a mí no me sorprende, y lo que sí me sorprendía es que con una jefatura del Estado cuya corrupción e impunidad es conocida, esas calificaciones siguieran otorgando a nuestro sistema el sello de democracia «plena».
Por no mencionar los incontables (y lo de incontables es literal) episodios de corrupción en que las más altas instituciones de nuestro país, incluidos los partidos predominantes, PP y PSOE, han estado implicados en régimen de coordinación, turnismo, sincronización, consenso en la omertá, y mutuo apoyo, y esto durante interminables décadas. Que a esto y no a otra cosa responde esa querencia obsesiva de algunos de sus protagonistas principales por eso que llaman la «gran coalición», es decir, la gran tapadera. Y quizás también se deba a esto que nuestros archivos de Estado tengan una vida secreta tan larga en comparación con los países de nuestro entorno en que la democracia exige cierta transparencia y está reñida con un secretismo tan prolongado.
También esta corrupción continuada en el tiempo explicaría nuestra falta de seriedad, con incumplimientos repetidos de los requerimientos que se nos hacen desde las instituciones a las que pertenecemos. Que parece que no hay día en que no nos multen o no nos llamen la atención, sea por el abuso de la temporalidad laboral y la estafa cometida con los trabajadores interinos; sea por la contaminación de nuestra ganadería industrial; sea (como ahora) por la independencia de nuestros jueces; sea por la prepotencia y abusos de nuestros bancos; sea por la fragilidad y escasa dotación de nuestros servicios públicos y de nuestro Estado del Bienestar.
Que es en este país y no en otro, donde determinado «partido de gobierno» ha destruido pruebas (discos duros) a martillazos para ocultar su corrupción. El mismo partido que ha parasitado las cloacas del Estado y ha utilizado a la policía de todos para sus fines partidistas, perseguir a la oposición política (como en una dictadura bananera), y malversar fondos reservados.
Y es también en este país donde una presidenta de una comunidad autónoma califica estos días los casos de pederastia clerical (la comunidad cristiana es otra cosa) como “error», y tienen que recordarle que no se trata de un error sino de un delito. Al menos en un Estado que podamos calificar de civil y civilizado, y no de teocracia medieval.
Una duda temible: ¿Acabará España acostumbrada a la sarta de insensateces y a los discursos falaces con que se prodiga esta presidenta autonómica? ¿Anestesiada ya para cualquier capacidad de percepción y discreción? ¿Sumida en la ceguera plena e irreversible?
Una de las cosas que al parecer fallan notoriamente, según los calificadores expertos, es nuestra independencia judicial. Lo descubren ahora. Un poco lentos sí que son. A lo peor todavía no se habían percatado de la corrupción de nuestra monarquía (que es jefatura del Estado) y el abordaje que de esto ha hecho nuestra justicia. O quizás aquello otro del “toqueteo por detrás” a los jueces del Tribunal Supremo, del senador Cosidó, no lo habían considerado como input en su calificación. En fin, todo un misterio, y en todo caso habrá que darles un voto de confianza, ya que suponemos que esos calificadores también están sujetos a un escrutinio de calidad y fiabilidad. Lentos desde luego son un rato a la hora de percibir los hechos.
Ecología y Medio ambiente: dejemos por un momento a un lado el ataque consensuado contra el ministro Garzón por parte de aquellos que nos quieren ciegos y sin olfato, y pasemos al asunto de Valdecañas, no sin antes decir que la aspiración «altruista» de dar de comer nosotros (carne) a todos los chinos puede dejarnos a nosotros, los españoles, sin tierra digna de tal nombre o directamente inhabitable.
La población china seguirá aumentando, en la línea de su tendencia natural, mientras que nuestra tierra contaminada se seguirá vaciando según una tendencia mantenida que a nuestros políticos-empresarios les resulta al parecer indiferente.
En el asunto del proyecto que intentaba convertir una isla en el entorno del embalse de Valdecañas (Cáceres) en una especie de Marbella extremeña, y que ha acabado, gracias a la lucha y reivindicación ecologista, en orden judicial de demolición, ya que dicho proyecto era ilegal y afectaba a un espacio natural protegido, se dan cita casi todos los elementos de nuestro sistema corrupto, cuya calidad ahora se reconoce como defectuosa.
Dos presidentes «socialistas» de esa Comunidad autónoma colaboraron en esa agresión ambiental, lo cual es un síntoma más de nuestra barbarie política, y de lo confuso y poco fiable de nuestro espectro político. Resulta muy barato ponerse una etiqueta cualquiera. Por ejemplo “socialista”, por ejemplo “liberal”. Cosas de la neolengua adjunta al neoliberalismo.
Reforma fiscal. Leo el siguiente titular en la prensa (El País): «El PSOE frena el intento de Podemos de forzar ya una gran reforma fiscal». Al parecer los morados temen (y razones no les faltan) que este sea un punto más de su acuerdo que se quede sin cumplir y en agua de borrajas. Y son ya varios.
Es algo que se repite: Podemos intenta avanzar en justicia social y democracia, y el PSOE echa el freno. Por otra parte, constatamos ya de manera evidente que este gobierno es incapaz de controlar los precios abusivos de productos básicos como la electricidad o los combustibles, faltando así al cumplimiento de principios constitucionales fundamentales que promueven y aconsejan la intervención pública en situaciones semejantes.
Esto no solo hace que este gobierno aparezca como indistinguible de los gobiernos del PP (al servicio siempre del capital extractivo e irresponsable) sino que además constituye un incumplimiento más de sus promesas electorales.
¿A nuestros políticos les importan los ciudadanos o solo los beneficios desorbitados de los bancos? Yo diría que a estas alturas de la Historia (posmoderna), este tipo de dudas están más que justificadas.
Ante la sospecha fundada de que solo les importan los beneficios de estos últimos, y de que las personas de más edad han dejado de existir para nuestros bancos (y en la misma medida también para nuestros políticos), ha tenido que ser un ciudadano particular (médico jubilado) el que ponga en marcha una campaña, con recogida de firmas incluida, para denunciar esta vergüenza. Una más en el contexto de capitalismo salvaje que padecemos. Carlos San Juan, médico jubilado, e impulsor de la campaña “Soy mayor, no idiota” ha entregado 600.000 firmas para pedir un trato más humano en la banca.
En resumen: todo un repertorio de mala calidad democrática. Que es a lo que lleva irremediablemente un capitalismo desbocado a los mandos de nuestro régimen.
